Entre bitcoins olvidados, herencias recuperadas, hipotecas, propiedades, rectificaciones impositivas y una confesión poco habitual para un funcionario de primera línea, Manuel Adorni intentó esta semana cerrar uno de los capítulos más incómodos desde su llegada al poder. El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una reconstrucción completa de su patrimonio familiar que modifica de manera sustancial todo lo que se conocía hasta ahora sobre sus bienes y los de su esposa, Bettina Angeletti.

La novedad más impactante no llegó desde los despachos judiciales ni desde los organismos de control. Salió de boca del propio funcionario. “Ahorramos en negro”, reconoció durante una entrevista televisiva al explicar el origen de aproximadamente 500.000 dólares que nunca habían aparecido en sus declaraciones juradas. Una frase que, en cualquier otro contexto político, habría provocado un terremoto instantáneo. En la Argentina de 2026, apenas abrió un nuevo capítulo de una historia que ya venía cargada de sospechas.

La explicación oficial sostiene que todo comenzó entre 2013 y 2018, cuando Adorni y su esposa realizaron inversiones en Bitcoin a través de ocho billeteras virtuales. Según la reconstrucción presentada, destinaron cerca de 200.000 dólares y obtuvieron ganancias por unos 300.000, llevando el monto acumulado a aproximadamente 513.000 dólares. Ese dinero, que hasta ahora no figuraba en ninguna presentación oficial, pasó a convertirse en el principal activo financiero declarado por la familia.

La regularización llegó en medio de las investigaciones que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Las causas están bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario y diversas operaciones inmobiliarias realizadas durante el último año.

Desde el entorno del jefe de Gabinete admiten que hubo “desprolijidades” en las declaraciones originales. La defensa sostiene que la denuncia judicial obligó a reconstruir toda la historia económica familiar para demostrar que los fondos utilizados en la compra de propiedades no provinieron de actividades ilícitas. “Tenía que demostrar que no era chorro”, resumió el propio Adorni.

La revisión no se limitó a las criptomonedas. También incorporó ingresos por herencias recibidas tras el fallecimiento de su padre en 2022. La venta de una propiedad en La Plata le reportó unos 57.000 dólares, mientras que la comercialización de un lote en Daireaux sumó otros 22.000. En total, cerca de 79.000 dólares que ahora aparecen reflejados en la documentación presentada.

Las rectificaciones también alcanzaron a Bettina Angeletti, cuya actividad laboral y antecedentes profesionales fueron incluidos en la reconstrucción patrimonial. Según la explicación oficial, la esposa del funcionario trabajó durante más de quince años en cargos gerenciales dentro del sector privado y actualmente desarrolla actividades como monotributista.

Buena parte de las dudas judiciales giran alrededor de dos operaciones inmobiliarias realizadas en 2025. La primera es la compra de una vivienda en el country Indio Cuá. Hasta ahora figuraba únicamente a nombre de Angeletti, pero la nueva documentación establece que pertenece en partes iguales al matrimonio. El inmueble habría costado alrededor de 120.000 dólares y, según la versión oficial, fue financiado mediante hipotecas constituidas sobre otra propiedad familiar.

La segunda operación involucra un departamento en Caballito adquirido mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, amigo personal del funcionario. Adorni asegura haber desembolsado apenas 30.000 dólares como anticipo, mientras que el resto se financió mediante distintos mecanismos crediticios e hipotecas por unos 100.000 dólares.

A todo esto se suman reformas en ambas propiedades. Las obras realizadas en la casa del country presentan una diferencia llamativa entre las estimaciones judiciales, que hablaban de 245.000 dólares, y la versión oficial, que reduce la cifra a unos 170.000. En el departamento de Caballito, en tanto, se declararon trabajos por aproximadamente 65.000 dólares.

Mientras tanto, Adorni promete pagar los impuestos que surjan de las rectificaciones realizadas durante los últimos cinco años y asegura que todo su patrimonio es previo a su ingreso al Estado. La Justicia tendrá ahora la última palabra. Porque una cosa es reconstruir el pasado y otra muy distinta convencer a quienes investigan que cada dólar apareció exactamente donde debía aparecer. Y en política, como en las criptomonedas, la confianza suele ser el activo más difícil de recuperar.