La jornada arrancó como un reclamo puntual y terminó paralizando por completo a la Ciudad. Más de un millón de personas se encontraron de pronto sin subte ni Premetro, desbordando las paradas de colectivos y las calles porteñas. Lo que parecía una medida más de visibilización escaló a un conflicto de proporciones con detenciones policiales, cruces políticos de alto voltaje y un freno absoluto bajo tierra.

Todo se originó a primera hora en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. Integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro levantaron los molinetes para permitir el paso gratuito de los usuarios. El trasfondo venía de arrastre: protestaban contra la concesionaria Emova por la contratación de empresas tercerizadas para tareas de mantenimiento, la sanción aplicada a un empleado que no habría cumplido su horario y descuentos salariales a trabajadores de la Línea A.

Sin embargo, la protesta cambió drásticamente de curso cuando intervino la Policía de la Ciudad por orden de la Fiscalía para terminar con la medida de fuerza. Tras negarse a acatar la orden judicial de cesar la interrupción irregular, los efectivos detuvieron a los delegados Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia, Facundo Heredia y Sebastián Carrizo por el delito de desobediencia. Las detenciones cayeron como un bombazo en la cúpula sindical y provocaron una respuesta inmediata: la paralización total de las seis líneas y el Premetro de manera sorpresiva.

La parálisis agarró desprevenidos a cientos de miles de usuarios. La bronca se sentía en las paradas de colectivos. Mientras algunos comprendían el origen del reclamo, la inmensa mayoría expresaba su enojo e impotencia por quedar varados a mitad de mañana

El jefe de Gobierno Jorge Macri reaccionó con dureza. Su enojo no fue contra el método de protesta de los metrodelegados, a quienes acusó directamente de extorsionar y paralizar un servicio esencial para proteger intereses propios. "En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", expresó contundente a través de sus redes. Además, remarcó que no iba a tolerar que le "jodan la vida a millones de personas para defender sus curros". En simultáneo, la Secretaría de Trabajo porteña intimó formalmente al gremio a garantizar al menos un 50% de la operación por tratarse de un servicio esencial.