Donald Trump lo hizo de nuevo. Justo cuando el comercio global empezaba a acostumbrarse a los parches temporales que impuso a principios de año, la Casa Blanca vuelve a patear el tablero. A partir de este viernes, arranca una nueva ola de aranceles que va del 10% al 12,5% sobre las importaciones provenientes de 60 países. La justificación oficial suena impecable, casi heroica, pero el efecto real es un misil directo a la línea de flotación de sus socios comerciales: castigar a los gobiernos que no bloquean de manera efectiva la entrada de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

Y sí, Argentina está en la lista negra.

Para nuestro país, el castigo quedó fijado en un nada despreciable 10%. Zafamos del tope máximo del 12,5% porque, según la mirada de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, tenemos al menos sistemas parciales o ciertos compromisos legales para intentar frenar esta práctica. Pero no nos engañemos, encarecer un 10% la entrada de cualquier producto argentino al mercado norteamericano es una barrera pesadísima. Especialmente hoy, en un contexto donde los exportadores locales ya vienen haciendo malabares diarios con los costos internos, la burocracia y un tipo de cambio que requiere sintonía fina constante.

No estamos solos en este pantano. Vecinos como Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras ligan exactamente el mismo recargo. México también está en el radar, aunque cuenta con el enorme salvavidas de las excepciones que le otorga el acuerdo de libre comercio norteamericano. Hay salvedades muy puntuales a nivel general —el petróleo, el gas y los fertilizantes quedaron a salvo de la poda—, pero estamos hablando de una medida que, en los papeles, afecta al 99,4% del total de las importaciones que hace la principal economía del mundo. Un número verdaderamente bestial.

Lo más interesante de esta jugada es cómo Washington logra disfrazar de moralidad laboral una estrategia de proteccionismo puro y duro. Jamieson Greer, la cara visible del comercio estadounidense bajo esta gestión, lo dijo sin ponerse colorado: "Hace un siglo que tenemos esta prohibición y la aplicamos a rajatabla; ya es hora de que nuestros socios hagan lo mismo".

Sin embargo, la movida tiene todo el olor a una maniobra brillante de política interna tras el último revés judicial que sufrió el presidente. Como la Corte Suprema le había cortado las alas a Trump para fijar impuestos a dedo sin pasar por el Congreso, su equipo de abogados desempolvó astutamente la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Jaque mate legal.

Pero la verdadera pulseada de fondo es con las otras potencias. Europa, Japón, Taiwán y Corea del Sur no se salvaron y tendrán que pagar recargos altísimos. Es una señal brutal: a esta administración no le tiembla el pulso para asfixiar incluso a sus aliados históricos si con eso protege su propia industria y reduce su déficit. ¿Y China? Curiosamente, el gigante asiático ni figura en este nuevo listado. Y no porque sean los campeones de los derechos humanos, claro, sino porque Washington ya los tiene arrinconados en un régimen arancelario paralelo, separado y muchísimo más agresivo.

Al final del día, las grandes empresas importadoras estadounidenses son las que van a firmar los cheques en la aduana desde este viernes. Pero ya conocemos de memoria cómo termina esa película. Parte de ese costo se traslada al ciudadano de a pie en las góndolas de los supermercados, y la otra parte asfixia al productor extranjero que pierde competitividad. El mensaje para Argentina y el resto de la región es amargo y contundente: no alcanza con firmar tratados de buenas intenciones; si no jugás al ritmo que marca la batuta del norte, te quedás afuera de la fiesta.