La provincia de Buenos Aires es hoy el escenario de una estafa institucional de proporciones colosales. Mientras las calles están destruidas, el sistema de salud colapsa y la inseguridad es la única política de Estado que funciona, el Poder Legislativo se erige como una fortaleza blindada por el silencio y el despropósito. Con un gasto operativo que supera los $ 1.000 millones diarios, la Legislatura bonaerense ha dejado de ser el ámbito de debate democrático para convertirse en un club que, irónicamente, ha decidido que sesionar es una posibilidad opcional.

Los números son una bofetada a la miseria: en el ejercicio 2026, el Poder Legislativo se lleva la friolera de $ 378.004 millones de pesos. Para dimensionar esta obscenidad, baste decir que este presupuesto duplica lo destinado a la protección de la Niñez y Adolescencia y triplica los recursos del Instituto Provincial del Cáncer. ¿Qué reciben los bonaerenses a cambio de esta transferencia masiva de riqueza hacia las cúpulas políticas? Nada. Un parlamento prácticamente paralizado, con sesiones que se cuentan con los dedos de la mano y una gestión administrativa que parece diseñada para el encubrimiento, como quedó expuesto en el escándalo de las tarjetas de “Chocolate” Rigau, que no fue una anomalía, sino el síntoma de un sistema podrido.

En el corazón de este naufragio administrativo encontramos a 92 diputados y 46 senadores que perciben dietas de hasta $ 6,3 millones mensuales. Pero el ingreso base es apenas la punta del iceberg. El verdadero negocio político se esconde en los “módulos”, unidades fijas que otorgan a estos representantes un poder discrecional sobre fondos públicos para financiar despliegues territoriales, subsidios y una red de contratados de planta permanente que supera los 2.200 agentes, muchos de los cuales solo existen en los papeles de una manzana en La Plata que hace años huele a cerrada.

La responsabilidad del gobernador Axel Kicillof es ineludible. Su gestión, caracterizada por un asistencialismo improductivo y un descuido alarmante de la infraestructura provincial, se sostiene sobre un parlamento cómplice que, cuando no está de vacaciones, se encarga de blindar al Ejecutivo de cualquier control real. La reciente cancelación de la sesión para debatir el desastre de IOMA es el ejemplo perfecto: Kicillof no solo tolera este Legislativo inútil, sino que lo utiliza como escudo para evitar que los problemas reales de los bonaerenses –como la falta de medicamentos y la deficiente prestación de salud– toquen la puerta de su despacho.

La propuesta de avanzar hacia un sistema unicameral, lanzada por sectores libertarios, radicales y hasta filo peronistas, hoy suena a una necesidad urgente ante un modelo bicameral que solo sirve para duplicar cargos y engrosar cajas. No es solo un problema de eficiencia; es una cuestión de ética pública. Mantener este status quo en una provincia con altos niveles de pobreza e infraestructura colapsada no es simplemente un error político: es un acto de cinismo que los bonaerenses, esquilmados día a día, ya no pueden ni deben tolerar. La Legislatura bonaerense no legisla, solo consume. Y, a este ritmo, la paciencia de la sociedad también se agota.

¿Cree que la reducción del gasto y la implementación de un sistema unicameral serían suficientes para desarticular la estructura de privilegios que sostiene a la Legislatura, o considera que el problema es una cultura política que trasciende cualquier reforma administrativa?