La polémica ya trasciende un pliego judicial: lo que está en juego es la división de poderes y la calidad republicana del Gobierno.

La crisis que atraviesa el oficialismo por el caso de la jueza María Verónica Michelli expuso algo mucho más profundo que una simple diferencia interna. Lo que quedó al descubierto es una discusión de fondo sobre los límites del poder, el respeto por las instituciones y la calidad republicana de un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política, pero que hoy enfrenta cuestionamientos por una decisión difícil de justificar.

La determinación de bloquear el ascenso de Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon abrió una grieta inesperada dentro de La Libertad Avanza. No se trata de una magistrada cuestionada por su trayectoria, sus antecedentes o su desempeño profesional. El argumento que detonó el conflicto es su vínculo familiar con un periodista que publicó investigaciones incómodas para el Gobierno.

Y ahí aparece el problema.

En una República, las responsabilidades son individuales. Nadie puede ser premiado ni castigado por los actos, opiniones o investigaciones de un familiar. Es un principio elemental del Estado de Derecho. Cuando ese criterio se rompe, la señal que se envía es preocupante. No sólo para el Poder Judicial, sino también para la prensa y para cualquier ciudadano que pretenda ejercer su actividad con independencia.

La reacción de Patricia Bullrich fue tan inesperada como significativa. La senadora decidió desafiar públicamente la orden presidencial y anticipó que votará contra el retiro del pliego de Michelli. Incluso puso su renuncia a disposición de Javier Milei, quien terminó rechazándola. El dato no es menor. Bullrich no cuestionó una política económica ni una estrategia electoral. Cuestionó una decisión institucional.

Según trascendió, la jefa del bloque libertario argumentó ante el Presidente que existe un sector del electorado que reclama gestos republicanos y que castigar a una candidata por ser familiar de un periodista sólo agrava el desgaste político que ya enfrenta el oficialismo. En otras palabras, advirtió que algunas decisiones terminan generando más daño que el problema que buscan resolver.

El episodio provocó una conmoción interna inédita. Senadores oficialistas comenzaron a preguntarse hasta dónde llega la disciplina partidaria y dónde empieza la libertad de conciencia. Si un legislador considera equivocada una decisión presidencial, ¿puede expresarlo? ¿O la obediencia debe ser absoluta? Son preguntas incómodas que ahora recorren los pasillos del Senado.

También aparecen responsabilidades políticas difíciles de ignorar. Si la relación familiar de Michelli era considerada un problema, ¿cómo nadie lo detectó antes de enviar el pliego? Resulta llamativo que un gobierno que suele exhibir eficiencia y control haya quedado atrapado por una situación que podría haberse advertido con una simple revisión previa.

En medio de la polémica surge inevitablemente otro interrogante. ¿Qué dirá Mauricio Macri? El expresidente hizo de la defensa institucional una de las banderas centrales de su construcción política. Difícil imaginarlo avalando un criterio según el cual una persona pierde una oportunidad profesional por los artículos publicados por un familiar. Sería una contradicción con los principios que históricamente defendió el PRO y que buena parte de sus dirigentes reivindican hasta hoy.

La discusión ya excede el nombre de Michelli. Lo que está en juego es algo bastante más importante. La independencia judicial no puede depender de simpatías políticas ni de vínculos familiares. La libertad de prensa tampoco puede quedar condicionada por posibles represalias indirectas. Cuando el poder empieza a mirar los árboles genealógicos antes que los antecedentes profesionales, la democracia entra en una zona resbaladiza.

Bullrich abrió una puerta que el oficialismo prefería mantener cerrada. La pregunta ahora es si se trata de un episodio aislado o del primer síntoma de una tensión más profunda entre la lógica del poder concentrado y los límites que impone la República. Porque los gobiernos pasan. Las instituciones deberían quedar.