En la República Argentina, el sistema de asignaciones mensuales vitalicias para exmandatarios y sus familiares representa un privilegio escandaloso que indigna a millones de ciudadanos golpeados por la crisis. A diferencia del modelo de austeridad de Uruguay, donde no existe ninguna pensión especial y los expresidentes se retiran bajo el régimen previsional común según su historial de aportes —pudiendo acceder únicamente a un subsidio temporal por cese de funciones—, en la Argentina las cúpulas del poder han erigido una red previsional castrense y política millonaria.

El gasto corriente en este puñado de beneficios de excepción supera los $200 millones brutos al mes. La nómina de beneficiarios abarca a exmandatarios, exvicepresidentes y herederos directos:

  • Alberto Fernández: $26.092.447,56
  • Adolfo Rodríguez Saá (quien ejerció la jefatura de Estado apenas siete días en 2001): $23.999.253,02
  • Zulema Yoma (viuda de Carlos Menem): $20.618.733,63
  • Marta Gabriela Michetti: $18.192.138,24
  • Julio César Cleto Cobos: $17.999.446,65
  • Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa): $17.561.990,73
  • Bety Nelly Andrés (viuda del presidente de facto Roberto Marcelo Levingston): $16.214.248,39
  • María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
  • Amalia Carmen Guido (hija del exmandatario José María Guido): $12.691.238,04
  • Daniel Osvaldo Scioli: $12.486.621,66

La única excepción de dignidad ética en este esquema desproporcionado la encarna el expresidente Mauricio Macri. Si bien el sistema le asigna un haber bruto de $25.043.153,46, el exmandatario toma la decisión de donar la totalidad de dicha jubilación de privilegio. De este modo, transforma una asignación exorbitante en un acto de bien destinado a fines benéficos, sentando un precedente cívico que avergüenza al resto de los dirigentes que perciben sus haberes sin concesiones.

Cristina Fernández de Kirchner representa el pico máximo de este esquema irrazonable. Además de litigar para mantener una asignación de exmandataria de monto astronómico, percibe de forma paralela una pensión por viudez de Néstor Kirchner que supera los $16 millones brutos mensuales. Esta acumulación de asignaciones millonarias evidencia la absoluta desconexión del liderazgo político frente al esfuerzo de los contribuyentes.

Frente a esta realidad, el espejo de la legislación oriental demuestra que la madurez democrática requiere que los líderes vuelvan al régimen previsional común al concluir sus gestiones públicas. Argentina mantiene, en cambio, una estructura de erogaciones que perpetúa asimetrías inaceptables.