“Plan Sueldito”

La pregunta de fondo es política: ¿es una medida para recuperar el consumo o el primer capítulo del “Plan Sueldito” rumbo a 2027?

El Gobierno de Javier Milei acaba de abrir una puerta que, hasta hace poco, parecía cerrada con siete llaves: la de los aumentos salariales por encima de su rígida pauta del 2%. La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, impulsa que los nuevos convenios colectivos incorporen un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos, unos $860.000 de bolsillo, para las categorías más bajas. El mecanismo no sería un aumento general por decreto, sino una combinación de paritarias, bonos o sumas fijas no remunerativas que sindicatos y empresarios deberán negociar y luego someter a homologación.

El dato político es difícil de ignorar. Después de meses de utilizar el salario como ancla contra la inflación, el Gobierno empieza a admitir que hay otro problema que también necesita ser contenido: el bolsillo. Y si el consumo no despega y los trabajadores llegan cada vez más ajustados a fin de mes, el costo electoral puede crecer justo cuando Milei necesita construir el camino hacia 2027.

De ahí surge una comparación inevitable con el denominado “Plan Platita” de Sergio Massa, lanzado en 2023 cuando el entonces ministro de Economía también era candidato presidencial. Massa había anunciado bonos y sumas fijas, entre otras medidas, para intentar recomponer ingresos y estimular el consumo en plena campaña electoral. Aquel paquete tuvo un costo fiscal significativo y fue presentado por sus críticos como una maniobra electoral.

El “Plan Sueldito” de Milei no es exactamente lo mismo: no supone, al menos en principio, una transferencia directa del Estado ni un aumento del gasto público equivalente. El costo recaería principalmente sobre empresas y acuerdos paritarios. Pero la lógica política se parece: poner algo de dinero adicional en los bolsillos antes de que el deterioro económico termine transformándose en un problema electoral.

El problema es que $1.070.000 tampoco alcanza para salir de la pobreza. Una familia tipo necesitó $1.564.716 en julio para superar la línea de pobreza, según el INDEC. La canasta básica total aumentó 36,1% interanual. Es decir, el piso que propone el Gobierno queda casi $495.000 por debajo de ese umbral.

Por eso la CGT considera insuficiente la propuesta. La central sindical pretende que ningún trabajador quede por debajo del valor de la canasta básica y reclama paritarias realmente libres. Desde el sindicalismo advierten que un salario garantizado de poco más de un millón puede mejorar el ingreso de las categorías más bajas, pero no resuelve el problema de fondo si los precios continúan corriendo por delante de los salarios.

Del otro lado están los empresarios. Para muchas compañías, especialmente las más pequeñas, $1.070.000 no es un piso: es un costo adicional difícil de absorber. La UIA viene reclamando medidas urgentes para las pymes y esta semana pidió suspender durante 180 días embargos y ejecuciones fiscales, al advertir sobre una situación de “asfixia financiera” provocada por la caída de la actividad, las tasas y las restricciones de crédito.

Los números explican la tensión. En relevamientos de la UIA, la caída de la demanda interna aparece como la principal preocupación empresaria, mientras que dentro del aumento de costos el laboral ocupa un lugar central. En otras palabras: los sindicatos dicen que $1.070.000 es poco; las empresas dicen que puede ser demasiado. Y en el medio queda el trabajador, que necesita ganar más, pero también quiere que su empresa pueda seguir pagando salarios.

El Gobierno intenta entonces encontrar un equilibrio imposible: mantener el 2% como techo de referencia para las paritarias y, al mismo tiempo, permitir excepciones para levantar los sueldos más bajos. No es un abandono del modelo económico, pero sí una flexibilización significativa.

Y ahí aparece el verdadero dilema. Si la economía necesita salarios para recuperar el consumo, el Gobierno empieza a reconocer que el ajuste no puede sostenerse indefinidamente sobre los ingresos laborales. Si, además, pretende llegar fortalecido a 2027, el calendario electoral agrega una presión evidente.

Claro está que hablamos solamente de trabajadores registrados, aquellos que están en blanco, quedaría por resolver la otra mitad de la masa laboral que padece la informalidad, sin sueldos, sin aportes y sin saber si mañana van a tener algún peso en sus bolsillos.

Por eso el “Plan Sueldito” puede terminar siendo mucho más que una discusión paritaria: es el reconocimiento de que, cuando el bolsillo se convierte en problema político, hasta el Gobierno que prometió no intervenir en los salarios termina buscando la manera de ponerles un piso.