La historia política del principal distrito electoral del país suele caminar en círculos, atrapada entre la ambición de sus caudillos y la constatación permanente de su inviabilidad institucional. El reciente relanzamiento del plan ideado por el exintendente de San Miguel y exsenador provincial Joaquín de la Torre para desgajar el Conurbano bonaerense y transformarlo en un archipiélago de 27 distritos federales autónomos no hace más que resucitar un fantasma histórico: la desintegración del territorio gobernado por Axel Kicillof bajo la premisa de que "menos Estado provincial es más libertad municipal".

La hoja de ruta que De la Torre diseñó silenciosamente durante los últimos cinco años —y que comenzó a ventilar con quirúrgica exposición mediática— propone suprimir de un plumazo la figura del gobernador sobre los partidos del Gran Buenos Aires. Su plan contempla elevar la actual cantidad de comunas a 27 administraciones directas, exentas de la pesada carga del Impuesto sobre los Ingresos Brutos —el tributo más distorsitivo y recaudatorio que alimenta las arcas provinciales—, y reemplazar a la cuestionada Policía Bonaerense por la custodia directa de la Gendarmería Nacional. Una suerte de federalización extrema al estilo de la Capital Federal, pero multiplicada por veintisiete cabezas sin un poder central que las articule, lo que transforma la audacia teórica en un acertijo operativo de resolución casi imposible.

Para comprender la magnitud de la jugada de De la Torre es indispensable retrotraer la memoria política a la década del noventa. Aquella fue la era dorada de Eduardo Duhalde en la gobernación bonaerense, un período en el que el peronismo ortodoxo advirtió que el conurbano profundo se había transformado en un monstruo ingobernable, un territorio demasiado vasto, complejo y densamente poblado como para ser administrado con eficacia desde la tradicional Casa de Gobierno en La Plata.

Bajo esa doctrina de ingeniería territorial, Duhalde impulsó y logró concretar la división de distritos históricos mediante la fractura de partidos clave. El caso testigo fue, precisamente, San Miguel. Por entonces, el viejo y extenso municipio de General Sarmiento fue disuelto para dar a luz a tres distritos independientes: el propio San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Aquella maniobra respondió a una lógica quirúrgica del PJ tradicional: fragmentar para controlar mejor los territorios, multiplicar las intendencias, contener a la tropa local y atomizar la resistencia opositora.

Sin embargo, el plan actual que promueve De la Torre supera con creces aquella vieja arquitectura duhaldista. Ya no se trata de seccionar un partido en tres para optimizar la gestión y el reparto de poder partidario, sino de amputar quirúrgicamente a la región metropolitana en bloque, quitándole a la provincia de Buenos Aires su corazón demográfico, económico y fiscal. En la mente del exintendente sanmiguelino, la provincia tal como se la conoce es un paciente terminal que no se salva con cuidados paliativos, sino con una intervención drástica: "A la provincia hay que explotarla, no hay que seguir acariciándola", suele repetir con pragmatismo áspero. El esquema ideado por De la Torre se asienta sobre tres pilares de alto impacto político y seducción discursiva inmediata, pero de una fragilidad técnica alarmante cuando se analiza el día después de su hipotética implementación

La eliminación de Ingresos Brutos produce que  al suprimir el gobierno provincial en el conurbano, desaparece la potestad de cobrar el tributo que grava la actividad comercial e industrial. De la Torre sostiene que esto transformará al GBA en un paraíso fiscal para PyMEs y comercios. La gran incógnita que el proyecto elude es cómo se financiarán los municipios sin esa caja, o si la Nación absorberá un rojo fiscal descomunal mediante una coparticipación federal a medida. 

El corrimiento de la Policía Bonaerense: es una propuesta que plantea desplazar a la fuerza provincial para otorgarle la custodia de la seguridad urbana a la Gendarmería Nacional. En un conurbano acuciado por el delito crónico, trasladar semejante responsabilidad a una fuerza federal —cuyo despliegue histórico es de control de fronteras y zonas críticas de conflicto— implica federalizar el delito a una escala que la estructura nacional jamás podría absorber sin descuidar el resto del país.

La creación de 27 distritos federales autónomos que no responden a un poder ejecutivo provincial genera un vacío institucional gigantesco. ¿Quién coordina la traza vial, el sistema sanitario de alta complejidad, las grandes obras hidráulicas de las cuencas hídricas que cruzan múltiples partidos o el transporte público interjurisdiccional? Fragmentar el conurbano en veintisiete parcelas aisladas equivale a pulverizar la planificación metropolitana, generando una torre de Babel institucional donde cada intendente operaría como un señor feudal sin contrapesos.