El esperado alivio financiero para las provincias argentinas terminó durando un suspiro. Mayo de 2026 amagaba con ser el mes de la reactivación para las alicaídas arcas del interior, gracias a un repunte inédito en la recaudación que cortó una racha de nueve meses consecutivos de caídas. Sin embargo, el festejo en los despachos de los gobernadores quedó trunco. La motosierra del Gobierno nacional volvió a encenderse con fuerza sobre las transferencias discrecionales, licuando casi por completo el impacto positivo de la coparticipación automática y dejando en claro que el equilibrio fiscal se sostiene, en gran parte, asfixiando los fondos que la Casa Rosada maneja a dedo.

Los números que analizan los ministros de economía provinciales son contundentes y muestran dos realidades opuestas. Por un lado, las 24 jurisdicciones recibieron una suba real del 8,3% interanual. Pero la alegría se diluyó rápido cuando se miró la otra ventanilla. Las transferencias no automáticas sumaron apenas $160.265 millones, registrando un derrumbe real del 43,8% en comparación con mayo del año pasado. Al consolidar ambos conceptos, los distritos recibieron un total de $8.203.610 millones. Así, un aumento que pintaba para ser del 8,3% se terminó reduciendo a un magro 6,4% real, una vez deducida la inflación del período, que las consultoras privadas estiman en un 33,4%.

La jugada oficial expone la estrategia de someter financieramente a las provincias. Mientras que la coparticipación está blindada por ley, el grifo discrecional es pura voluntad política. El ejemplo más obsceno de esto ocurrió con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En mayo no se repartió un solo peso, a pesar de que el fondo de emergencia, constituido por el 1% de la masa coparticipable, acumuló $128.408 millones. Si ampliamos la foto a los primeros cinco meses del año, el panorama no mejora: de los $469.681 millones disponibles en el fondo de ATN, la Nación solo liberó $121.000 millones, apenas un 25,8% del total.

Para colmo, la distribución de esos pocos recursos aviva las sospechas de favoritismo político, desatando la furia de los gobernadores de la oposición. Solo trece distritos vieron un peso en lo que va del año. Misiones lidera el reparto con $15.000 millones, escoltada por Mendoza y Corrientes con $14.000 millones cada una, y Neuquén con $12.000 millones. En la vereda de enfrente, gigantes como Buenos Aires y Córdoba, junto a otros nueve distritos, quedaron totalmente marginados del reparto. Desde el entorno de los gobernadores patagónicos y del peronismo no ocultan su indignación y acusan al Ejecutivo de usar los fondos públicos como un garrote o una zanahoria para disciplinar votos en el Congreso.

Por el lado del PRO, la situación se vive con una tensa calma. Aunque apoyan el rumbo económico general, la relación con la Ciudad de Buenos Aires sigue bajo la lupa. Gran parte del desplome de las transferencias no automáticas de este mes se explica por el histórico acuerdo de pago por el recorte de coparticipación, que la Nación saldó mediante la emisión de bonos por $813.442,8 millones. En el partido amarillo celebran el reconocimiento de la deuda, pero los alfiles de Jorge Macri advierten que el flujo diario de fondos frescos sigue siendo una batalla cotidiana. De hecho, si se excluye a la Ciudad de Buenos Aires del análisis, las transferencias reales al resto de las provincias muestran un alza del 7,8%.

Con este escenario, el mensaje de la Casa Rosada es de una claridad brutal: la coparticipación puede subir por la inflación y los impuestos, pero el control político y financiero del país se sigue decidiendo en el despacho presidencial.