La Cámara de Diputados de la Nación volvió a transformarse en el escenario de una puja parlamentaria decisiva. 

La oposición no alcanzó las 129 bancas necesarias para abrir la sesión y avanzar en la derogación del DNU 70/23. Apenas 121 legisladores se sentaron en el recinto, dejando al descubierto el peso de las ausencias estratégicas. Un puñado de diputados alineados con los gobernadores aliados resultaron la pieza clave para congelar el quórum. 

Mandatarios de provincias como Santa Fe, Córdoba, Salta, Misiones, Chubut, Tucumán y Jujuy aportaron esas faltas decisivas.  En la previa del debate, el oficialismo desplegó una intensa ofensiva política para blindar el mega decreto desregulador. 

Los libertarios aceptaron incluir límites a la venta de tierras en un proyecto que se tratará la semana próxima. También concedieron reclamos en discapacidad y prometieron inversiones en obras ferroviarias para el norte del país. Este tejido de concesiones ad hoc con las provincias evitó, de forma provisoria, un golpe institucional letal. 

Sin embargo, esta victoria pírrica en el Congreso contrasta fuertemente con la agitada realidad de la calle. Mientras se negociaban los apoyos en el recinto, las calles porteñas se colmaron en una mega marcha universitaria y de otros sectores que terminó en incidentes con detenidos y heridos.

La actitud del Poder Ejecutivo reincide en un patrón político tan incomprensible como desgastante. El Gobierno insiste en entablar batallas públicas voraces que sabe perdidas de antemano contra el sector educativo. Genera un desgaste social incalculable, enfrentamientos mediáticos y movilizaciones masivas que convulsionan al país. Para luego, tras el pico de tensión, terminar entregando exactamente los recursos presupuestarios que exigían. 

¿Por qué elegir la confrontación sistemática si el desenlace inexorable termina siendo la concesión forzada? Esta dinámica expone una evidente falta de previsibilidad estratégica en los armadores de la Casa Rosada. 

El costo político de cada batalla perdida en la opinión pública debilita la sustentabilidad del propio Gobierno. 

En este escenario de fragilidad, cabe preguntarse hasta cuándo los gobernadores aliados sostendrán el mega decreto. Cada veto y cada votación exigen negociaciones bilaterales cada vez más costosas para las arcas nacionales. 

Si el oficialismo drena su capital político en peleas estériles, el blindaje parlamentario no tardará en quebrarse.