El tablero electrónico de Diputados terminó marcando una abrumadora rareza: 237 votos a favor, apenas 9 en contra y 4 abstenciones. Una contundencia que no traduce armonía, sino capitulación táctica. El oficialismo, acorralado por la aritmética parlamentaria y la presión intransigente del colectivo de discapacidad, tuvo que archivar la guadaña con la que planeaba podar el sector en el Presupuesto 2027. La versión libertaria del ajuste chocó de frente contra la realidad y, en un giro de pragmatismo puro, La Libertad Avanza terminó firmando en el recinto el mamotreto que la oposición le dictó hoja por hoja.

El proyecto de presupuesto remitido semanas atrás por la Casa Rosada era una mina antipersonal para las pensiones no contributivas. Condicionaba el beneficio a una "invalidez laboral" restrictiva, rompía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones dejando desprotegidos a los prestadores según el capricho de cada provincia o prepaga, e imponía una incompatibilidad feroz con el empleo formal. Un esquema diseñado desde las planillas de Excel de Balcarce 50 que dinamitaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como llave de acceso directo a los derechos básicos. Pero las espadas parlamentarias del Gobierno olieron la derrota inminente. Frente al riesgo real de que el peronismo, el PRO, la UCR y las bancadas provinciales le impusieran una prórroga lisa y llana de la emergencia aprobada el año pasado, en los pasillos del Congreso se gestó la retirada.

Durante toda la tarde previa a la votación de la medianoche, los teléfonos ardieron. Referentes opositores como Oscar Herrera Ahuad, Juan Marino y Victoria Tolosa Paz fijaron el pliego de condiciones sin concesiones: o se aceptaban las modificaciones o no había dictamen conjunto. El oficialismo tragó veneno. Prometió enterrar formalmente el capítulo del recorte del Presupuesto 2027 e incorporar todas las garantías exigidas.

El texto que ahora viaja al Senado no es un triunfo del oficialismo, sino la preservación blindada del statu quo por vía legislativa. Se ratifica que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo, ajustable por inflación; se preserva la compatibilidad con el trabajo registrado hasta el límite de dos salarios mínimos; y se garantiza la cobertura integral de salud a través del Programa Incluir Salud. Para ahuyentar el fantasma del veto presidencial —improbable tras semejante aval de dos tercios—, la norma blinda las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y le impone al Ejecutivo la obligación legal de transferir fondos del Tesoro si las partidas resultan insuficientes.

Las únicas disonancias en la masa de votos afirmativos llegaron desde Córdoba, cuyos legisladores denunciaron una rosca cocinada de espaldas a los verdaderos actores, y desde la izquierda, que optó por abstenerse al constatar que las abultadas deudas históricas con los prestadores solo consiguieron la promesa de un plan de pagos a noventa días.

Al final de la jornada, la épica del recorte cediendo ante la negociación obligada demostró que en el Congreso las convicciones fiscales suelen estrellarse cuando la oposición ajusta filas. La Libertad Avanza salvó los muebles de la sesión cediendo la lapicera, mientras las organizaciones sociales lograron transformar una emergencia transitoria en una ley permanente. Un raro momento donde la política profesional archivó la doctrina para evitar una derrota catastrófica.