A poco de cumplirse un año desde que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el kirchnerismo residual ya tiene lista su próxima puesta en escena. Lejos de cualquier debate sobre un proyecto de país o una propuesta de gobierno, la única consigna hoy parece ser sitiar San José 1111, el edificio de Constitución donde la expresidenta cumple su detención domiciliaria. Este "operativo clamor" no es una muestra de fuerza; al contrario, es el repliegue definitivo de una facción política que prefiere devorarse a sí misma antes que ceder el control.

Bajo la batuta de Máximo Kirchner, y con el apoyo de incondicionales como José Mayans, Teresa García, Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Federico Otermín y Fernanda Raverta, el ultrakirchnerismo empezó a armar escraches disfrazados de "actos de aguante". El plan incluye movilizaciones permanentes en la zona y una marcha central para el próximo 20 de junio, apropiándose del Día de la Bandera para defender a una condenada por corrupción. A esta resistencia judicial también se sumaron desde Matheu satélites como Martín Sabbatella y Carlos Castagneto, armando un grupo que vive totalmente divorciado de las urgencias de una sociedad empobrecida. Son, legítimamente, el "tren fantasma" de la política: su único norte es presionar a los jueces y romper un aislamiento que no es persecución, sino la consecuencia directa de sus propios delitos.

Esta obsesión por centrar toda la agenda en los problemas judiciales de su jefa desató una guerra civil feroz dentro del peronismo, y la fractura con Axel Kicillof ya es total.

Desde el búnker de San José 1111 le pasan factura al gobernador bonaerense por su silencio calculado y su falta de visitas. Pero para Máximo y la mesa chica, las prioridades no se negocian: prefieren ver al peronismo perder las elecciones del año que viene antes que regalarle la centralidad a Kicillof, quien por ahora elige ignorar los berrinches de La Cámpora.

El canibalismo interno quedó a la vista en el último Congreso del PJ, donde Gildo Insfrán esquivó el tema de la prisión de Cristina —provocando la furia de militantes como Raverta—, mientras que en el Senado, catorce legisladores peronistas (entre ellos Juan Manzur y Sergio Uñac) votaron a favor de jueces recusados por el Instituto Patria. El liderazgo de la expresidenta ya no ordena; hoy es un lastre tóxico.

Ahora bien, el desinterés de Kicillof por sumarse al coro de Constitución no nace de una repentina fe republicana, sino de la asfixia de su propia gestión. El gobernador llega al año electoral con las manos atadas y pocas chances de ganar. Administra una provincia en estado terminal, desfinanciada y sumida en una crisis total con IOMA quebrado recordemos que  la obra social provincial dejó a millones de afiliados sin prestaciones básicas. Los hospitales públicos no tienen insumos ni guardias operativas.

El estado edilicio de las escuelas es alarmante y las calles calientes en un territorio que se quedó sin presupuesto.

Acorralado entre el desastre bonaerense y las amenazas de un "tren fantasma" que ya le advirtió que solo no va a ningún lado, Kicillof asiste al naufragio de sus propias ambiciones. Mientras el kirchnerismo insiste en convertir un living de Constitución en un santuario judicial, la realidad se prepara para darles un golpe seco: el mesianismo ya no cotiza en las urnas.