El ajuste en el sistema educativo nacional alcanzó un nuevo pico de tensión institucional con la oficialización de un recorte masivo de $78.711 millones en las partidas vigentes de la Secretaría de Educación. Esta poda, representa una baja del 1,2% sobre el presupuesto total de la cartera conducida por el gobierno de Javier Milei. Según los registros procesados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la medida no es sólo un movimiento contable para sostener el equilibrio fiscal, sino que implica el desmantelamiento de programas operativos estratégicos y el freno inmediato de obras de infraestructura en trece universidades nacionales.

El desglose de los datos revela que el Plan Nacional de Alfabetización fue el más golpeado, con una quita de $35.288 millones en transferencias destinadas a las provincias. Paralelamente, se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, una herramienta clave de 8.929 millones de pesos diseñada para equiparar los sueldos mínimos de los maestros en todo el país. El impacto en el nivel superior es igualmente severo: el presupuesto universitario sufrió ayer una poda de $5.303 millones en programas de infraestructura, lo que representa una disminución del 83% en esa área específica. Instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, con una pérdida de $1.043 millones, y las de Avellaneda y General San Martín, con $700 millones menos cada una, encabezan la lista de damnificadas por esta nueva embestida fiscal. 

En este escenario de asfixia financiera, la comunidad educativa volvió a las calles masivamente en las ciudades mas importantes del país para protagonizar la cuarta Marcha Federal Universitaria. El eje central del reclamo es la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso para garantizar la actualización mensual de los fondos por inflación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha judicializado la norma, logrando que la Corte Suprema suspenda las cautelares que obligaban a actualizar salarios y becas. Ante la consulta sobre la magnitud de la crisis, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, fue contundente: "Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina. Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos". 

La pulseada sumó además un flanco crítico: la situación de los hospitales universitarios. Centros de salud dependientes de la UBA, como el Hospital de Clínicas, han denunciado que sólo han recibido el 9,3% de los fondos necesarios para su funcionamiento, advirtiendo que podrían dejar de operar en 45 días si no hay una respuesta nacional. Mientras el Gobierno refuerza su discurso de "batalla cultural" con acusaciones de adoctrinamiento y resistencia a auditorías, los rectores insisten en que el ajuste quiebra la columna vertebral del desarrollo nacional. "La expectativa es muy grande", remarcó Gelpi respecto a la movilización, subrayando que no se trata sólo de un reclamo sectorial, sino de la defensa de todas las instituciones que apuestan al crecimiento y al progreso del país en un contexto de vulnerabilidad extrema.