La justicia, finalmente, comienza a ponerle un nombre al desfalco que durante años desangró a la Argentina. En una resolución contundente y necesaria, el Tribunal Oral Federal N° 2 ha ordenado el embargo preventivo del departamento ubicado en la calle San José 1111, el mismo inmueble donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo prisión domiciliaria. No se trata de un hecho administrativo más; es la materialización de un mensaje claro para quienes creyeron que el poder era un escudo eterno contra la ley: el Estado ha decidido, al menos en los papeles, recuperar lo que le pertenece a cada argentino.

Esta medida se enmarca en la ejecución de la sentencia por la causa Vialidad, un expediente que demostró, con pruebas irrefutables, cómo el entramado de poder y negocios privados funcionó como una maquinaria aceitada para drenar las arcas públicas. Los jueces han puesto el ojo en 685.000 millones de pesos, una cifra que representa el perjuicio patrimonial directo que la corrupción sistemática causó al país. Mientras la exmandataria se refugiaba en su discurso de "defensora de los humildes", la Justicia ha comenzado a desandar el camino de una fortuna que, en realidad, nunca fue suya.

Es imposible no sentir una profunda indignación al observar el listado de bienes alcanzados: departamentos en el exclusivo complejo Madero Center, terrenos en el sur, hoteles y vehículos de alta gama. Todo ese despliegue de opulencia es, en definitiva, el dinero que faltó en los hospitales, en las escuelas, en la infraestructura básica y en la mesa de los trabajadores a quienes ella, paradójicamente, decía amar. Se erigieron como una casta intocable, mientras el bolsillo de los más pobres se vaciaba sistemáticamente para financiar la vida de lujo que hoy, aunque tarde, empieza a ser cuestionada por la Justicia.

Este embargo, que incluye también las propiedades de sus hijos Máximo y Florencia, no altera la propiedad de los bienes por ahora, pero les quita el poder de disponer de ellos. Es un cepo a la impunidad. Resulta cínico observar cómo, a pesar de las pruebas documentales y el fallo condenatorio, la familia Kirchner ha intentado ocultar o proteger activos que solo pueden explicarse a través de la obra pública adjudicada a dedo.

La sociedad argentina asiste a un momento de justicia reparadora. Durante demasiado tiempo, el relato oficial intentó hacernos creer que la ética no era necesaria para ejercer la función pública. Hoy, al ver los sellos judiciales sobre las propiedades de la familia que gobernó el país bajo el lema del "nacional y popular", nos queda la amarga confirmación de que no estábamos frente a una ideología, sino frente a un saqueo sin precedentes. Nos robaron el futuro y la esperanza, y mientras el dinero no vuelva, la herida seguirá abierta. La ley ha comenzado a cumplir su parte, pero el daño, ese que le hicieron a millones de argentinos, tardará mucho tiempo en ser olvidado.