La verdad es que los resultados son difíciles de digerir. En la evaluación internacional coordinada por la OCDE, la Argentina quedó ubicada en el puesto 72 entre 81 países y economías participantes. Casi la mitad de los estudiantes no alcanzó el nivel básico de desempeño en las áreas evaluadas. En Matemática, el panorama resulta todavía más preocupante: alrededor de tres de cada cuatro alumnos quedaron por debajo del nivel considerado básico.

Y acá aparece la pregunta incómoda: ¿Cómo llegamos hasta acá?

Sería demasiado sencillo atribuir todo el desastre educativo a un solo gobierno. El deterioro de la escuela argentina viene de mucho antes y atraviesa distintas administraciones. Pero también sería ingenuo —o directamente deshonesto— negar las responsabilidades políticas de quienes gobernaron durante años y tomaron decisiones que afectaron la calidad de la enseñanza.

Durante el kirchnerismo y, posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fernández, se profundizaron debates sobre promoción, evaluación, repitencia y permanencia de los alumnos en el sistema educativo. La intención declarada era evitar la exclusión. El problema aparece cuando la inclusión deja de significar que un chico tenga más oportunidades para aprender y empieza a confundirse con que alcance los objetivos sin haber aprendido.

Porque una cosa es abrirle la puerta de la escuela a todos. Otra, muy distinta, es asegurarse de que todos puedan salir de ella con conocimientos reales.

Un título secundario debería ser mucho más que un papel. Debería certificar que un joven puede comprender un texto, resolver un problema matemático, interpretar información, argumentar una idea y enfrentarse a una situación nueva sin quedar paralizado. Si esas capacidades no están, el diploma pierde buena parte de su sentido.

Pensemos en algo cotidiano. Un adolescente termina la secundaria y recibe una factura, una oferta comercial o un gráfico con información económica. Necesita entender porcentajes, comparar precios, interpretar datos. No hablamos de resolver una ecuación imposible ni de convertirse en científico. Hablamos de herramientas elementales para desenvolverse en la vida.

Y es justamente ahí donde PISA golpea con fuerza.

El problema tampoco termina en los contenidos. La propia experiencia escolar aparece atravesada por dificultades de disciplina, interrupciones y distracciones. Un aula donde enseñar se vuelve cada vez más difícil termina perjudicando, sobre todo, a quienes menos posibilidades tienen de compensar fuera de la escuela aquello que no aprendieron dentro de ella.

Eso es lo verdaderamente injusto.

La escuela pública fue durante décadas uno de los grandes motores de movilidad social de la Argentina. Para una familia humilde, aprender bien no era un lujo: era la posibilidad concreta de que sus hijos pudieran vivir mejor que sus padres. Cuando ese mecanismo se debilita, la desigualdad se vuelve todavía más dura.

Por eso reducir este debate a una pelea entre “progresistas” y “conservadores” es una salida fácil. La discusión de fondo es otra: ¿qué conocimientos debe garantizar el Estado? ¿Qué exigencia estamos dispuestos a sostener? ¿Qué hacemos cuando un alumno llega al último año sin comprender adecuadamente lo que lee?

No alcanza con promoverlo de curso. Tampoco alcanza con culpar a los docentes, a las familias o a los estudiantes.

Hace falta volver a poner el aprendizaje en el centro.

La Argentina necesita recuperar una cultura educativa en la que estudiar tenga valor, aprobar signifique haber aprendido y enseñar vuelva a ser una tarea respetada y respaldada. Eso implica mejorar la formación docente, fortalecer las evaluaciones, recuperar contenidos fundamentales, ordenar las aulas y acompañar a quienes tienen dificultades antes de que el problema se vuelva irreversible.

El kirchnerismo merece ser cuestionado por sus políticas educativas cuando existan fundamentos concretos para hacerlo. Pero la discusión no puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado respecto de las responsabilidades de todos los gobiernos que dejaron avanzar esta crisis.

Porque mientras los dirigentes discuten estadísticas, hay una generación creciendo.

Y esos chicos no pueden esperar otros diez años para que la política decida ponerse de acuerdo.

El futuro de la Argentina se juega mucho antes de que un joven llegue a la universidad o consiga su primer empleo. Se juega cuando aprende a leer, cuando descubre que puede resolver un problema, cuando un docente logra despertar su curiosidad y cuando la escuela le transmite una idea sencilla pero poderosa: estudiar vale la pena.

Si perdemos eso, perdemos mucho más que una posición en el ranking de PISA. Perdemos oportunidades. Perdemos talento. Y, sobre todo, hipotecamos el futuro de una generación entera.