La tensión política alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una fase de descuento que el Gobierno de Javier Milei no vio venir. Lo que empezó como un murmullo de pasillo en el Congreso se transformó en una postura pública unánime del PRO, el socio electoral más fiel del oficialismo: si la Casa Rosada no desplaza al funcionario, el partido fundado por Mauricio Macri unirá fuerzas con la oposición para activar una moción de censura y concretar una remoción histórica en el Parlamento.

La ofensiva no tiene nada de improvisada. Está coordinada al milímetro por espadas clave del espacio amarillo. El diputado Fernando De Andreis, secretario general del partido, y Martín Goerling Lara, jefe del bloque en el Senado, salieron en tándem a dinamitar los puentes que sostenían al ministro. La explicación patrimonial que ensayó Adorni sobre su repentino crecimiento económico, argumentando supuestas inversiones exitosas en criptomonedas entre los años 2013 y 2018, terminó por agotar la paciencia de sus aliados. Para el macrismo, esos argumentos no resisten el menor análisis y dinamitan la credibilidad pública del proyecto de cambio.

Ante este escenario de asfixia legislativa, la estrategia de la Casa Rosada mutó rápidamente hacia el control de daños. El Gobierno de Milei y el propio Adorni buscan ganar tiempo a contrarreloj, apelando a una serie de maniobras de distracción y negociaciones de último minuto para postergar el debate. La jugada oficialista logró alterar los cronogramas previstos, empujando los cambios de fechas de las sesiones clave del Congreso con la esperanza de enfriar el escándalo, reordenar la tropa propia y, sobre todo, evitar que la oposición y el PRO muestren una foto de mayoría abrumadora en el recinto. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 saben que solo están estirando la agonía de un funcionario cercado.

“El daño que le está haciendo Adorni a la figura del Presidente y al Gobierno es infinito. No descartamos avanzar con la interpelación”, disparó De Andreis, visiblemente molesto por la pasividad presidencial ante las sospechas de corrupción. El dirigente fue tajante sobre el destino inmediato del jefe de Gabinete al sentenciar que “no debería pasar un día más en el cargo”. En la misma sintonía, remarcó la distancia que separa al PRO de la gestión actual en materia de control ético: “Es un problema que tiene el Gobierno y lo debería resolver el Gobierno. Desde el día uno dijimos que esto no iba a funcionar. Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina”.

Lejos de matizar los dichos de su compañero, el senador Goerling Lara subió la apuesta institucional y confirmó que la decisión de avanzar por la vía parlamentaria es irreversible si Milei insiste en mantener el blindaje sobre su funcionario estrella. “Adorni no puede estar más en su cargo. Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”, advirtió el legislador misionero. Para el bloque de senadores, estirar la agonía política de un ministro cercado por las denuncias es un costo que la República no debe pagar. "Yo espero que no lleguemos a la instancia institucional de que el Congreso le tenga que decir al Presidente que corra a un ministro que está altamente sospechado de corrupción", enfatizó.

Desde el entorno del PRO insisten en que esta postura no implica un quiebre ideológico ni un guiño hacia los sectores de la oposición dura, sino una defensa irrestricta de los principios republicanos y de la división de poderes. Fuentes partidarias explicaron que el rol de la fuerza siempre ha sido garantizar la gobernabilidad, pero bajo el estricto cumplimiento de la ley. “Nosotros somos el PRO, somos republicanos y cualquier cosa que está mal, la tenemos que denunciar. Tenemos que hacer que se cumpla con todos los estadios de la ley”, argumentan en las filas amarillas. Bajo esa premisa, aclaran que si el jefe de Gabinete no renuncia por propia voluntad y el Presidente decide seguir defendiéndolo a capa y espada por vías ilógicas, el Parlamento está obligado a activar la moción de censura.

El planteo desarma el relato oficialista que acusa de "destituyentes" a quienes cuestionan la gestión. Los legisladores recuerdan que han votado a favor de cada ley clave que envió el Poder Ejecutivo, discutiendo con madurez lo que correspondía y apoyando los cambios estructurales del país. Sin embargo, advierten que la permanencia de un funcionario bajo la lupa de la corrupción es un límite ético infranqueable. ¿Qué valor real tendría la palabra o una idea de Adorni en un gabinete que ya está absolutamente bajo sospecha? Para el PRO, la salida del ministro no es un ataque al Gobierno, sino una medida urgente y necesaria para preservar la salud institucional y la menguante credibilidad del propio presidente Milei.