El revés legislativo obligó a LLA a ceder ante la presión de los bloques dialoguistas para evitar el naufragio del proyecto. 

Patricia Bullrich debió intervenir de urgencia ante la falta de votos y el malestar de la oposición dialoguista. Este traspié expone que, sin el respaldo estructural del macrismo, la agenda libertaria no avanza en el Senado.

La dinámica parlamentaria le impuso un límite estricto al Gobierno nacional en el Senado. En un intento por avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo debió aceptar la eliminación del capítulo más cuestionado del proyecto: la modificación de la Ley de Tierras. Este artículo, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía flexibilizar las restricciones para permitir que hasta un 25 % de las tierras rurales pudieran ser adquiridas por extranjeros. Ante el inminente fracaso legislativo, la Casa Rosada tuvo que dar marcha atrás de forma directa y pragmática.

Fueron los gobernadores aliados quienes marcaron la cancha y se negaron a respaldar la medida, alertando sobre el impacto territorial. Desde Neuquén, Rolando Figueroa advirtió que no acompañaría ninguna iniciativa que fomentara la extranjerización. La postura se replicó en el norte: Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) bajaron instrucciones precisas a sus senadores para votar en contra. A este bloque se sumaron el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua, quien sintetizó el rechazo con un mensaje contundente sobre la soberanía territorial.

Frente a la inminente caída del proyecto por cuarta vez, Patricia Bullrich tuvo que intervenir de urgencia. Como figura clave en las negociaciones, convocó a una reunión con los senadores que integran los bloques aliados para desactivar el conflicto. En esta mesa de emergencia quedó en evidencia el rol fundamental del PRO. Sin el escudo político, la experiencia parlamentaria y los votos del espacio fundado por Mauricio Macri, la estructura legislativa de La Libertad Avanza resulta insuficiente para sostener su propia agenda. 

El radicalismo también jugó un papel decisivo en el desenlace. Tras las declaraciones de dirigentes de peso que exigieron rechazar la iniciativa, los votos de apoyo que el Gobierno calculaba se desvanecieron. Sin los números necesarios, el oficialismo aceptó amputar el Capítulo III bajo el argumento oficial de "seguir trabajando el texto para alcanzar un mayor consenso". Sin embargo, en los pasillos del Congreso, la mayoría de los aliados da por cerrada esa discusión. Esta concesión permitió, al menos, salvar el resto del dictamen, que incluye reformas necesarias sobre desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego.

La imposibilidad del Gobierno para aprobar de manera fluida estas leyes clave responde a una combinación de fragilidad numérica y déficits en la gestión política, la falta de una defensa sólida por parte del propio Ejecutivo genera un profundo malestar entre sus socios legislativos. "Este proyecto no lo defendió el Gobierno y quieren que nosotros salgamos a dar la cara", reprochó un senador aliado, resumiendo la insatisfacción general.

En definitiva, el revés legislativo demuestra que la voluntad de reforma no reemplaza la construcción de mayorías. El Gobierno logró rescatar gran parte de su ley, pero debió pagar el precio de exhibir su dependencia absoluta de los gobernadores y del vital andamiaje político del PRO.