En el marco de la cumbre en Tailandia, el Gobierno gestiona un importante desembolso del Banco Mundial destinado a inversiones productivas en la economía real, mientras enfrenta las exigencias de reforma tributaria planteadas por el FMI y monitorea el aumento del riesgo país.

La agenda financiera internacional volvió a poner en el centro del tablero la estrategia económica del país. Durante los encuentros en Bangkok junto a las máximas autoridades del Banco Mundial y el FMI, el Ministerio de Economía aceleró gestiones para conseguir financiamiento, atraer divisas y despejar las dudas de los inversores sobre los vencimientos de deuda.

Uno de los anuncios centrales es sobre los USD 10.000 millones que se buscan viabilizar para el sector privado. A diferencia de un crédito soberano tradicional, este dinero no aumenta la deuda pública del Estado ni se destina al gasto corriente. El destino exclusivo son proyectos productivos en áreas clave como minería y energía, canalizados mediante la Corporación Financiera Internacional. La devolución del capital corre por cuenta de las propias empresas privadas que reciban los fondos, bajo las condiciones operativas de cada proyecto y apoyadas en el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

En paralelo, las conversaciones con los organismos técnicos abordaron la necesidad de una reforma tributaria integral. Las recomendaciones multilaterales apuntan a simplificar el esquema impositivo, eliminar exenciones distorsivas y revisar los impuestos a los combustibles, todo con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal reduciendo el gasto del Estado. En esa misma línea se confirmó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 500 millones, pensado para focalizar los subsidios al gas en los sectores vulnerables sin descuidar las metas presupuestarias.

La tensión del mercado, sin embargo, se reflejó en un riesgo país que volvió a superar los 600 puntos. Ante la imposibilidad momentánea de colocar deuda local a tasas razonables, el equipo económico dejó saber que, si fuera necesario para cubrir los compromisos financieros de 2027, el país recurrirá al swap con China, renovado por USD 19.000 millones. Una rueda de auxilio lista para usar si los mercados voluntarios siguen cerrados.