La intención del Gobierno de borrar de un plumazo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones se topó con un freno de mano en el Congreso. La estrategia diseñada en la Casa Rosada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apostó todas sus fichas a un viejo axioma de la política argentina: alinear a los gobernadores para que derramen su influencia sobre los legisladores. Sin embargo, en el Senado el teorema falló. La Libertad Avanza descubrió que el federalismo es bastante más indomable de lo que sugerían sus planes en los despachos porteños.

Para reformar el sistema electoral no hay grises ni atajos reglamentarios; la ley exige mayoría absoluta en ambas cámaras. Traducido a los números reales de la Cámara alta, el oficialismo necesita un piso de 37 votos. Pero hoy, según las proyecciones más optimistas que se manejan en los pasillos del Palacio Legislativo, el poroteo apenas araña las 30 voluntades. La paradoja es total. Aunque la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, supo tejer una mayoría circunstancial de más de 40 senadores para otros proyectos presidenciales, la eliminación de las primarias fracturó ese ecosistema de aliados.

El problema principal de la Casa Rosada es que varios senadores decidieron cortar el cordón umbilical con sus provincias. No importa demasiado lo que los gobernadores firmen en Buenos Aires; en las bancas la historia es otra. En el radicalismo, la resistencia es casi total. Maximiliano Abad ya bajó el pulgar a la derogación total, y en Mendoza, Alfredo Cornejo dio señales tan claras a favor de las primarias que se descuenta que Mariana Juri y Rodolfo Suárez votarán en contra del proyecto oficialista. Lo mismo pasa en Santa Fe con los legisladores que responden a Maximiliano Pullaro, y con senadores de peso como el correntino Eduardo Vischi, cuyo gobernador, Gustavo Valdés, apoya a Milei, pero él prefiere mantener vivo un proyecto propio para que las PASO sean optativas.

Ante este panorama adverso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, empezó a timonear un plan de contingencia: la resurrección de las listas colectoras, un polémico sistema que permitía acoplar diferentes candidaturas y que el macrismo había prohibido por decreto en 2019. La idea funciona como una moneda de cambio o un atractivo para tentar a los mandatarios provinciales que dudan, pero de momento la jugada generó más ruido interno que soluciones.

La propuesta de las colectoras ni siquiera logró consenso dentro del propio oficialismo. La propia Patricia Bullrich no ocultó su fastidio y criticó abiertamente el método al señalar que "deforma el sistema electoral", desmarcándose una vez más de la línea dura de la Casa Rosada. En el PRO, mientras tanto, prefieren el silencio absoluto hasta que no haya un texto cerrado sobre la mesa, aunque insisten en que, por ahora, no van a acompañar la eliminación de las PASO.

El oficialismo se encamina a un agosto de negociaciones frenéticas. Si el Gobierno no flexibiliza su postura o saca una carta orgánica inesperada de la manga, la reforma electoral quedará atrapada en el laberinto de un Senado que le bajó el precio a la billetera de los gobernadores.