El tablero político argentino entró en una fase de negociaciones frenéticas donde el futuro del sistema electoral se juega en un toma y daca de alta tensión. El gobierno de Javier Milei, con Karina Milei y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, tiene una obsesión entre ceja y ceja para consolidar el proyecto hacia 2027: eliminar las PASO. Sin embargo, en el Congreso los números no cierran solos. Para destrabar esta ambiciosa reforma política, la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar su relación con la UCR y, fundamentalmente, con el PRO, el aliado clave que hoy balancea el poder legislativo y que tiene la llave para inclinar la balanza.

La estrategia oficialista para seducir a una oposición dialoguista que se resiste a perder las primarias, el mecanismo que históricamente ordenó sus internas, consiste en un invento de ingeniería institucional: una suerte de "lista colectora legislativa". A diferencia de las colectoras tradicionales, este borrador, que ya examinan con lupa Martín y Eduardo "Lule" Menem, no intercalaría nombres en la boleta, sino que funcionaría como una lista complementaria adherida a la fórmula presidencial libertaria. La jugada busca que Milei sume votos de estructura en las provincias, permitiendo por ejemplo que el radicalismo o el PRO lleven sus propios candidatos a diputados colgados de la boleta del Presidente, sin necesidad de competir en unas PASO que el oficialismo considera un gasto innecesario y un dolor de cabeza político.

Aquí es donde el PRO adquiere una centralidad absoluta. Como socio preferente del Gobierno, el partido fundado por Mauricio Macri se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, la eliminación de las PASO podría licuar su identidad si queda atrapado en la lógica de "adhesión" al fenómeno libertario; por el otro, el nuevo sistema de colectoras abre un escenario de supervivencia y negociación por distrito. De hecho, el diseño actual de la reforma excluye deliberadamente a los senadores para evitar que el peronismo unificado aproveche las hendijas del sistema, enfocando toda la ganancia en la Cámara de Diputados. Si el PRO decide bendecir este pacto, la reforma camina; si planta bandera junto a los sectores de la UCR que ven en las PASO un pilar democrático innegociable, como Carolina Losada o Flavio Fama, el plan oficialista naufraga.

El debut de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete dejó en claro que la muñeca política será más importante que la motosierra en esta etapa. En su primera reunión con un interbloque de 44 senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, Santilli se topó con la cruda realidad del Congreso: no están los votos, ni para la reforma electoral ni para las modificaciones en la ley de zonas frías. Lejos de forzar una votación condenada al fracaso, el ministro coordinador pidió un freno de mano de 15 días. Esas dos semanas serán cruciales para abrir una ronda de negociaciones directas con los gobernadores, los verdaderos dueños de las voluntades en la Cámara Alta.

El oficialismo necesita llegar al número mágico de 37 senadores, una mayoría especial exigida por la Constitución para tocar leyes electorales. 

El Gobierno depende del PRO, los radicales y los mandatarios provinciales, como el catamarqueño Raúl Jalil, quien ya se mostró a favor de enterrar las PASO a contramano del grueso del peronismo. Con la sesión postergada inicialmente para mediados de julio debido a los festejos del 9 de este mes en Tucumán, el PRO se ubica en el centro del ring: será el encargado de mediar, presionar y, en última instancia, definir si la Argentina cambia su forma de votar o si el Gobierno debe guardar su reforma en el cajón de las promesas postergadas.