La reciente y disparatada pretensión de Miguel Ángel Pichetto, quien ha osado reclamar que el Congreso Nacional declare nula la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad —bajo el pretexto de que el fallo judicial pone a la democracia en "fragilidad"—, no es solo un error técnico; es la confirmación definitiva de la degradación política de un hombre que ha pasado su vida entera vegetando en las sombras del Estado.

Para entender este desvarío, hay que observar la trayectoria de un dirigente que, a falta de convicciones, ha cultivado el arte del camaleonismo. Pichetto es el epítome de la "casta" en su versión más parasitaria. Jamás conoció la actividad privada, jamás arriesgó un capital propio, jamás emprendió una labor que no fuera la de ser un engranaje en la maquinaria estatal. Su currículum es, en rigor, una crónica de supervivencia: ha sido el escriba y operador de todos los poderes de turno, sin distinción de ideología, sirviendo con igual fervor a Carlos Menem, a los Kirchner y a Cristina Fernández. Cuando el viento cambió, no dudó en saltar hacia el macrismo para convertirse en el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, traicionando el peronismo que decía representar apenas meses atrás.

Hoy, en los estertores de una carrera marcada por el "bandeo" ideológico permanente, Pichetto nos ofrece su última función: un ataque frontal al corazón de la República. Al sugerir que el Congreso tiene la potestad de anular un fallo de la Corte Suprema, Pichetto no solo exhibe un analfabetismo constitucional pasmoso; desprecia, en un acto de soberbia, la división de poderes que garantiza nuestra libertad. Pretende, en su delirio, que el Legislativo pueda erigirse en tribunal de alzada, ignorando las atribuciones taxativas que nuestra Constitución le confiere al Poder Judicial.

Ante esta afrenta, la palabra autorizada del constitucionalista Félix Lonigro pone las cosas en su lugar con la crudeza que merece semejante desatino:

"El pedido de Pichetto es una ordinariez jurídica. Es una barbaridad. Es una grosería impresentable. Yo me pregunto si Pichetto está bien. Yo no sé si Pichetto está bien. Me pregunto si no hay un deterioro mental, porque un abogado no puede estar sabiendo lo que dice. Pichetto es abogado, ¿no? Si esto lo dijera una diputada vedette de La Libertad Avanza, bueno, se entendería. Pero Pichetto es abogado. Esto que dijo es una ordinariez jurídica. Es decir, que el Congreso de la Nación tiene la facultad de anular una sentencia judicial. Esto es una barbaridad. Si un alumno mío en la Facultad de Derecho de la UBA me dice esto en un examen, no solo lo bocho, sino que buscaría la forma de que se lo expulse de la facultad. Porque es una ordinariez. Es no haber leído la Constitución Nacional. Es no saber lo que es la división de poderes. Es no saber lo que juró cuando asumió como legislador, que es respetar la Constitución. Es una ordinariez jurídica."

Las palabras de Lonigro desnudan la esencia de este personaje: Pichetto es, ante todo, un anacronismo. Representa ese pasado anti-republicano, de roscas palaciegas y desprecio por la ley, al que la gran mayoría de los argentinos ha decidido no volver. Su historia personal es la historia de una arquitectura política basada en el acomodo, donde los principios se cambian por cargos y la Constitución es apenas un papel que se manosea según el termómetro del poder.

Que hoy se atreva a invocar una "fragilidad democrática" para intentar salvar a una exmandataria es la ironía más cruel de su carrera. Pichetto no cuida la democracia; la utiliza como escudo para sus últimas maniobras de supervivencia. Argentina ya no tiene espacio para quienes consideran que la ley es un obstáculo y el Estado, un botín personal. Pichetto es el pasado. Y como todo lo que es pasado, merece quedar en el olvido de las páginas más oscuras de nuestra política, allí donde la coherencia fue sacrificada en el altar de la conveniencia.