El malestar de Patricia Bullrich y la falta de sensibilidad social exponen una crisis política dentro del oficialismo.

La salida de Alejandro Vilches de la Secretaría Nacional de Discapacidad terminó de destapar una olla a presión que juntaba vapor en los pasillos de la Casa Rosada. Aunque en la carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, el exfuncionario alegó "razones estrictamente personales", nadie dentro del gabinete se cree esa versión. Su renuncia fue el resultado directo de una semana de cruces y discusiones por la letra chica del proyecto de Presupuesto 2027.

El texto enviado al Congreso cayó muy mal en un sector sensible que abarca a casi seis millones de personas y a sus familias. Entre los puntos más duros, se propone volver a un esquema de pensiones por invalidez con un piso menor a los $300 mil, quitándole el beneficio a cualquiera que consiga un trabajo formal.

Pero el cambio más grave está en el arancelador de prestaciones. Para entenderlo de forma sencilla: el arancelador es una tabla de precios oficiales que fija cuánto cobra un psicólogo, un kinesiólogo, un acompañante terapéutico o un transporte especial por cada sesión o traslado. Hasta ahora, el Estado fijaba ese precio único para todo el país, garantizando que el profesional cobrara lo mismo sin importar quién pagara. El nuevo proyecto elimina esa tabla única y le permite a cada obra social o prepaga decidir cuánto quiere pagarle a cada prestador. En la práctica, si la prepaga paga poco, el profesional deja de atender o le cobra la diferencia a la familia de su propio bolsillo.

La falta de empatía con la que se manejó el tema indignó a las organizaciones y abrió una interna inesperada. Patricia Bullrich salió al cruce por enterarse de estos cambios a último momento. La senadora no ocultó su enojo y criticó que se hayan introducido modificaciones tan drásticas en la Ley de Discapacidad sin debate previo ni aviso en la mesa política.

Esta tensión dejó al descubierto los problemas del Gobierno para manejar un área donde la frialdad de las cuentas frena de golpe contra realidades complejas. La insensibilidad al recortar en salud y asistencia generó un clima tirante entre los técnicos de Economía y las figuras políticas que deben poner la cara en el Congreso. La partida de Vilches deja al área acéfala en un momento crítico.

Mientras tanto, en Diputados el oficialismo busca apagar el incendio. Con el apoyo de Martín Menem y Diego Santilli, el ala política negocia a las apuradas con sectores aliados para redactar un nuevo texto que modere el impacto del ajuste antes de dictaminar. Tienen un dilema difícil: cumplir con la exigencia de caja de Economía sin terminar de hundir a un sector que ya no soporta más presión.