Luis Caputo eligió responder a las críticas de la Unión Industrial Argentina con una frase destinada a marcar distancia: “Me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”. El mensaje fue contundente, pero también dejó expuesta una mirada simplificada de un problema mucho más complejo.

El ministro de Economía salió al cruce de los cuestionamientos formulados por dirigentes de la UIA durante el Día de la Industria, una jornada atravesada por la preocupación sobre la actividad, la caída de la demanda y las dificultades que enfrentan numerosos sectores productivos. Caputo reconoció que el nuevo rumbo económico genera “fricciones”, aunque sostuvo que la mayoría de los empresarios comprende que el país necesita un cambio y que muchas compañías deberán reconvertirse e invertir para competir.

La discusión, sin embargo, va más allá de una disputa entre funcionarios y empresarios. Y allí la respuesta del ministro parece perder de vista una cuestión elemental: defender a los argentinos no puede significar ignorar a quienes producen en Argentina.

La industria no es una abstracción ni un pequeño grupo encerrado en una oficina corporativa. En torno a las fábricas trabajan millones de argentinos, de manera directa e indirecta. Obreros, técnicos, ingenieros, transportistas, comerciantes, proveedores, profesionales y familias enteras dependen de una extensa red productiva que sostiene buena parte de la economía cotidiana.

Por eso resulta difícil aceptar la idea de que, en este debate, existan dos bandos claramente enfrentados: por un lado los empresarios y, por el otro, los 48 millones de argentinos. La realidad es bastante menos cómoda. Muchos de esos argentinos trabajan precisamente en las empresas que hoy reclaman mejores condiciones para producir y competir.

El Gobierno tiene derecho a cuestionar esquemas de protección, privilegios o ineficiencias acumuladas durante años. También puede exigir inversión y modernización. Pero gobernar no consiste únicamente en señalar quién debe adaptarse. Mucho menos cuando los reclamos provienen de uno de los sectores que generan empleo, producción y actividad económica.

Caputo debería saber, además, que dialogar con los industriales no es una concesión ni un favor personal. Es parte de su obligación como ministro de Economía. Escuchar al sector privado, discutir diferencias y comprender las consecuencias concretas de las políticas públicas debería formar parte del trabajo cotidiano de cualquier funcionario, especialmente de quien conduce la economía.

La soberbia y el desprecio pueden servir para ganar una discusión pública, pero rara vez ayudan a resolver un problema. Y el tono del ministro corre el riesgo de transformar un reclamo legítimo en una pelea de trincheras.

La propia UIA había reclamado un “puente” entre la economía que el Gobierno busca dejar atrás y el modelo competitivo que pretende construir. Ese pedido resume, quizás, el verdadero desafío: nadie discute que la Argentina necesita cambios, pero los cambios no pueden construirse simplemente sobre los sectores que quedan en el camino.

En paralelo, el Gobierno profundizó durante agosto la política de recorte del gasto público en un contexto de menores ingresos tributarios. La poda volvió a alcanzar partidas sensibles, como transferencias, gastos del sector público y programas estatales, reforzando una estrategia de ajuste que el oficialismo considera indispensable para sostener sus metas fiscales.

El problema es que la economía real no funciona únicamente con números de una planilla. Detrás de cada recorte, de cada empresa que se reconvierte y de cada fábrica que reduce su actividad hay personas. Y esas personas también forman parte de los 48 millones de argentinos que Caputo asegura defender.