Tras el reclamo del sector por una partida adicional de $ 150.000 millones, Transporte resolvió saldar además una deuda de $ 40.000 millones para evitar que el pasaje siga subiendo. Con esta medida, el Ejecutivo busca amortiguar el impacto en el bolsillo y cuidar la inflación, a costa de sumar presión fiscal sobre el superávit comprometido con el FMI.

Dejar la tarifa quieta en este momento alivia directo al bolsillo, pero detrás de la jugada hay números finos y una pregunta clara: ¿hay un gesto electoral en la decisión?

Las cámaras del sector venían advirtiendo que los costos no daban para más y exigían $ 150.000 millones adicionales en subsidios para sostener el servicio. Aunque en las empresas querían vía libre para subir el pasaje, la respuesta oficial fue tajante: el boleto se queda como está. Para compensar el congelamiento y evitar un freno en las unidades, Transporte acordó girar más subsidios y saldar un pago pendiente de $ 40.000 millones acumulado por un error de cálculo previo.

¿Tiene un tinte electoral? Sin dudas. En un sistema que viene golpeado y perdió un tercio de sus pasajeros en los últimos diez años, mandar otro tarifazo ahora hubiese vaciado del todo los colectivos. Al mismo tiempo, Economía necesita cuidar la baja de la inflación y evitar que se recaliente el malestar en la calle.

La contrapartida es que poner más subsidios abre una grieta en las cuentas públicas. Cada peso extra que sale para el transporte mete presión a la meta de superávit primario del 1,4% del PBI que exige el FMI. Por ahora, el Gobierno prefirió asumir el costo fiscal antes que trasladarle la cuenta a la gente.