Las rutas argentinas al límite: el presupuesto cayó al nivel más bajo en 30 años, seis de cada diez kilómetros están deteriorados y el Gobierno le transfiere la red vial al sector privado y a las provincias

Viajar por la Argentina se ha vuelto una prueba de paciencia y, sobre todo, de riesgo. El presupuesto destinado a las rutas nacionales se desplomó al nivel más bajo desde 1995. Con una caída real de la inversión del 79%, la Dirección Nacional de Vialidad cuenta este año con apenas 563.000 millones de pesos para gestionar la red federal, mientras que en algunos distritos clave el gasto se derrumbó hasta un 85%.

La consecuencia directa de esta "motosierra" salta a la vista en el asfalto. Casi seis de cada diez kilómetros relevados por el propio organismo oficial se encuentran hoy en estado malo o regular. El panorama es tan crítico que la Justicia debió intervenir en Santa Fe para ordenar la reparación urgente de corredores intransitables, mientras que el 63% de los proyectos viales quedaron directamente en cero.

Detrás de este parate económico hay además una decisión política de fondo: retirar al Estado nacional de la obra pública tradicional. En las últimas semanas, el Ministerio de Economía adjudicó unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales a concesiones privadas por veinte años para trasladar el mantenimiento y la operación a las empresas. A la par, la Casa Rosada comenzó a avanzar en la firma de convenios para transferir rutas y ferrocarriles directamente a los gobiernos provinciales.

El caso testigo de este giro es la emblemática ruta 151 en Río Negro, una arteria vital para la logística de Vaca Muerta que hoy sufre un profundo deterioro estructural debido al colosal tránsito pesado petrolero.

El colapso de la infraestructura vial se convirtió en una pesadilla silenciosa para el aparato productivo argentino. Con un modelo logístico donde la inmensa mayoría de la carga se mueve exclusivamente sobre camiones, el estado calamitoso de los caminos pulveriza la competitividad, dispara los costos y complica seriamente el traslado cotidiano de bienes, cosechas e insumos industriales.

La situación golpea de lleno al sector agropecuario, especialmente durante la temporada de cosecha. Miles de camiones cargados de cereales y oleaginosas salen desde los campos hacia los puertos de exportación o los centros de almacenamiento, pero chocan contra tramos intransitables y banquinas deshechas. Circular con toneladas de peso sobre pavimentos agrietados obliga a los transportistas a marchar a velocidad reducida para evitar accidentes graves o la rotura de ejes. Esa demora constante no solo

altera los tiempos de entrega, sino que dispara el consumo de combustible y acelera el desgaste mecánico de las unidades.

Las fábricas y los centros industriales sufren el mismo impacto en sus cadenas de suministro. La falta de mantenimiento en los corredores federales rompe la previsibilidad del sistema de transporte. Las empresas que dependen de insumos constantes para mantener sus líneas de producción activas se enfrentan a demoras imprevisibles que entorpecen toda la operatoria comercial. A esto se suma que los transportistas deben afrontar gastos monumentales en cubiertas, repuestos y suspensiones debido al castigo permanente del asfalto deteriorado, un combo que encarece toda la cadena de distribución.

En regiones geográficas específicas, este cuello de botella paraliza industrias enteras. Zonas de intensa actividad hidrocarburífera o polos frutícolas y mineros padecen rutas colapsadas que soportan un tránsito pesado desmedido sin contar con la estructura adecuada. Todo ese cúmulo de ineficiencias logísticas y sobrecostos operativos termina filtrándose inevitablemente en los precios finales que paga el consumidor en las góndolas, frenando el potencial de desarrollo de las economías regionales.