Con la macroeconomía blindada en los papeles y la microeconomía desangrada en la calle, el sistema financiero le soltó la mano a la clase media, transformando las tarjetas de crédito en el último y fallido recurso de subsistencia antes de la exclusión total.

La distancia que separa a los despachos oficiales del asfalto se mide hoy en días del mes: el Gobierno celebra un equilibrio fiscal de pizarrón mientras millones de argentinos entran en default antes del día 15. La estrategia económica actual, obsesionada de forma casi patológica con las variables macroeconómicas y el desarme de pasivos del Banco Central, omitió una regla básica de la gravedad social: el ajuste no lo pagó la política, lo pagaron las heladeras. Al licuar los salarios frente a subas de tarifas e inflación de alimentos con lógica internacional, el Estado empujó activamente a la población hacia el endeudamiento de supervivencia.

La tarjeta de crédito dejó de ser una herramienta de confort para convertirse en un respirador artificial para comprar carne, leche y pañales. Pero el respirador se quedó sin batería. Según los datos más crudos del sistema financiero, la morosidad en el crédito al sector privado escaló a niveles alarmantes, con un índice de irregularidad en las familias que roza el 11,2%, una cifra que arrastra meses consecutivos de suba y nos sitúa en los peores registros desde la salida de la crisis de 2001. En el segmento de tarjetas de crédito no bancarias y el sector Fintech —donde se refugian los sectores de menores recursos y los jóvenes— el colapso es total, superando el 25% y el 30% de mora respectivamente.

Ante este escenario, la respuesta del sistema financiero fue de una crueldad corporativa de manual. Los bancos, que durante años vivieron de la timba segura prestando al Estado a tasas astronómicas, descubrieron de golpe que el negocio cambió. En lugar de volcar esa liquidez a sostener el consumo de las familias con tasas razonables y plazos lógicos, hicieron lo contrario: cerraron el grifo en el peor momento. Bajaron de manera unilateral y arbitraria los límites de compra de los plásticos, endurecieron las condiciones de renovación y comenzaron a podar las líneas de crédito. Para las entidades financieras, la prioridad absoluta es proteger su rentabilidad corporativa y sus ratios de capital, prefiriendo migrar el financiamiento hacia grandes empresas productivas con capacidad de repago. El resultado es un perverso círculo vicioso: la falta de dinero genera la mora, la mora genera el corte del crédito, y el corte del crédito condena a la familia a la inanición financiera y la exclusión del Veraz.

¿Cómo se sale de esta encerrona antes de que la tensión social rompa el tejido que queda? El Gobierno debe abandonar la soberbia macroeconómica y entender que una economía sin consumo es un cementerio ordenado. Se requiere una intervención urgente a través del Banco Central para frenar las tasas usureras de los intereses punitorios, además de la implementación de una Ley de Segunda Oportunidad que obligue a las entidades a reestructurar deudas de consumo básico sin tasas indexadas.

A nivel individual, la salida hoy no es la clandestinidad, sino forzar la negociación. Ante el riesgo implícito de incobrabilidad masiva, la banca se ve obligada a una flexibilidad inédita caso por caso: ya existen canales para acordar planes de refinanciación de resúmenes de hasta 24 meses con períodos de gracia de capital, la quita de punitorios y el uso del derecho de stop debit en cuentas sueldo para resguardar los ingresos destinados a la comida antes de que el banco se los fagocite automáticamente. Si el Gobierno persiste en custodiar el Excel mientras ignora la mesa de los argentinos, la macroeconomía será impecable, pero gobernará sobre las cenizas del aparato social.