¡Qué momento para estar vivos y celebrar la pax coparticipable! Finalmente, las huestes de Javier Milei y el equipo de Jorge Macri firmaron la paz financiera, dejando las cuentas de la deuda más o menos en orden y con los números en verde. En los despachos de la Jefatura de Gobierno de la calle Uspallata se respira ese aroma a victoria que solo da el efectivo cobrado. Sin embargo, en la política porteña, el amor nunca es completo si no viene acompañado de las escrituras. El cheque ya se depositó, es cierto, pero la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sigue pareciendo el departamento de un soltero al que le falta la mitad de los muebles y la titularidad del medidor de luz.

Para ordenar este placard de promesas incumplidas y reclamos históricos, Jorge Macri decidió ponerle un nombre técnico y sofisticado a la resistencia: el Observatorio sobre Federalismo y Autonomía Porteña (OFAP). Conducido bajo el ala del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, este organismo se presenta como un refinado espacio de "análisis, articulación institucional y planificación de estrategias". En la práctica, es el inventario oficial de todo lo que la Nación todavía le niega a la Ciudad mientras le palmea la espalda. Porque cobrar la deuda está muy bien, pero quedarse a mitad de camino en la autonomía ya tiene gusto a poco.

El corazón de este nuevo round no se mide en billetes, sino en infraestructura estratégica y soberanía territorial. El plato principal del menú de reclamos es, sin dudas, el Puerto de Buenos Aires. Para la administración porteña, resulta una contradicción casi metafísica que la principal entrada y salida marítima de la Capital Federal siga bajo el control y la administración de la Nación. Jorge Macri se pregunta, con una dosis de ironía que ya ensayó ante la Legislatura, si el puerto va a ser finalmente de los porteños o si seguirá perteneciendo a los despachos de la Casa Rosada. En el mismo paquete de transporte y soberanía costera entra la Terminal de Ómnibus de Retiro, ese portal de entrada y salida de micros de larga distancia que arrastra décadas de idas, vueltas y concesiones polémicas, y que la Ciudad exige manejar de una vez por todas.

Pero la lista del supermercado autonómico no termina en el asfalto ni en los diques. El plano burocrático y registral es el otro gran frente de batalla donde el OFAP busca clavar su bandera. La Ciudad quiere independizarse de la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, a la que en el entorno del jefe de Gobierno no dudan en calificar de "vieja y lenta". La idea es clara: ¿por qué una empresa que quiere radicarse en suelo porteño tiene que pedirle permiso a una oficina nacional en lugar de hacerlo en un registro local, moderno y ágil? A esto se le suma el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble, otro resorte clave de la soberanía jurídica que la Nación retiene como si la reforma constitucional de 1994 hubiera sido apenas una sugerencia amistosa.

Mientras Gabino Tapia se prepara para defender estos lineamientos en la Sociedad Científica Argentina junto al juez Javier López Biscayart, el mensaje que emana de la Ciudad es tan épico como pragmático. Para el ministro, la autonomía "fortalece la democracia" y hace a los porteños "dueños de su propio destino". Habrá que ver si el Gobierno nacional, siempre propenso a la motosierra y al ajuste de cuentas, se muestra igual de generoso a la hora de ceder los fierros, los registros y el codiciado control portuario. Por ahora, la deuda está paga, pero el inventario sigue abierto.