Las denuncias por excesos financieros no dejan de acumularse en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Durante el primer semestre del año, las presentaciones formales canalizadas mediante la Ventanilla Única Federal registraron un salto del 92% en comparación con el mismo período del año anterior. Los usuarios apuntan principalmente contra entidades bancarias y billeteras virtuales debido al cobro de tasas desmedidas, la omisión del Costo Financiero Total (CFT), la falta de contratos por escrito y cuadros reiterados de acoso para el cobro de acreencias.

Ante este escenario de indefensión, surge un interrogante clave: ¿puede la Justicia intervenir? La respuesta es SÍ. El marco legal argentino, amparado en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, otorga facultades a los jueces para reducir o anular intereses desproporcionados por considerarlos usura, además de aplicar sanciones por hostigamiento y falta de información. Sin embargo, la vía judicial es un camino individual, complejo y costoso que requiere de abogados, una opción inviable para familias ahogadas por la urgencia económica.

El fenómeno adquiere un matiz aún más grave en el contexto actual, donde la morosidad ya alcanza a casi 6 millones de personas y los costos financieros totales anuales llegan al 1.300%. Frente a este drama, la posición de la administración nacional resulta de una frialdad absoluta. Desde el Ministerio de Economía y la Casa Rosada descartaron cualquier tipo de regulación o ayuda directa. Tanto Luis Caputo como Javier Milei sostienen que el nivel de endeudamiento es un "asunto entre privados" en el que el Estado no debe interferir, alegando que nadie obligó a los ciudadanos a tomar esos préstamos.

En un claro contrapunto, la Ciudad de Buenos Aires adoptó un enfoque opuesto. A partir de una iniciativa elaborada en la Legislatura Porteña la gestión de Jorge Macri reglamentó la Ley de Desendeudamiento Familiar y logró sumar al programa a nueve entidades bancarias de primera línea, entre ellas Banco Ciudad, Santander, BBVA, Galicia y Credicoop.

La medida ofrece un alivio concreto a la clase media afectada, permitiendo refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales con una tasa fija que no superará el 35% nominal anual y un plazo de hasta 24 meses. Para viabilizar este esquema con el sector financiero, el gobierno porteño aplicó un incentivo fiscal directo: otorgará una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los intereses cobrados en estas operaciones.

El contraste deja expuestas dos miradas contrapuestas sobre el rol del Estado. Mientras la Nación apela al libre mercado para desligarse del problema de los deudores, la Ciudad prefirió la articulación política y la sensibilidad social para brindar una solución práctica a miles de familias al borde del colapso financiero.