La transferencia de competencias y la consolidación de nuevos fueros representan el hito más institucionalmente relevante para la autonomía porteña. Sin embargo, este crecimiento trae aparejado un desafío ineludible: evitar que la expansión degrade los tiempos de respuesta o la calidad de las sentencias. Para el Dr. Miguel Gliksberg —Licenciado en Economía, Abogado, Magíster en Derecho y Economía, Master di II Livello en Administración de Justicia, doctorando en Derecho, auditor líder de normas ISO 9001:2015 y especialista en docencia universitaria—, el principal cuello de botella no es normativo, sino de capacidad de gestión.

Desde la Dirección de Supervisión Legal y Calidad Institucional, el enfoque se apoya en el ciclo de mejora continua (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). No se trata únicamente de dictar sentencias correctas, sino de garantizar que el ciudadano pueda acceder sin barreras, comprender los trámites y recibir respuestas en plazos razonables. En este camino, la incorporación progresiva del Fuero del Trabajo y la ampliación de competencias penales —como el Fuero Penal Juvenil— exigen una organización capaz de anticiparse a los problemas y medir resultados permanentemente.

Frente al debate sobre la automatización y el uso de algoritmos en la administración de justicia, Gliksberg enfatiza que la tecnología debe estar estrictamente al servicio de la labor humana. La creación de un Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial en el ámbito del Consejo de la Magistratura apunta precisamente a evaluar el impacto de estas herramientas antes de implementarlas, con especial atención en la detección de posibles sesgos que afecten la perspectiva de género o a personas con discapacidad. La regla fundamental es clara: la digitalización no puede convertir una decisión en una "caja negra" ni deshumanizar la atención.

Medir el éxito judicial exclusivamente por el volumen de expedientes resueltos es un error conceptual. La gestión moderna exige auditar tiempos de tramitación, accesibilidad, transparencia y cumplimiento de garantías.

Asimismo, al abordar los recelos internos sobre la supervisión legal, Gliksberg marca un límite infranqueable: la independencia de los magistrados. La auditoría institucional revisa procesos, riesgos y flujos de trabajo, pero jamás interfiere en el contenido de una sentencia. Una muestra de este equilibrio es la implementación voluntaria del Sistema Único de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, cuya puesta en marcha se prevé en una jornada académica en la Facultad de Derecho de la UBA.

En materia de niñez, adolescencia y los debates actuales en torno a las denuncias en contextos de familia, el rol de los equipos interdisciplinarios resulta crucial. La Secretaría de Infancias y Adolescencias y dispositivos específicos como la Cámara Gesell buscan priorizar el interés superior del menor, evitando que los niños queden atrapados en los conflictos de los adultos y minimizando el impacto de los procesos judiciales sobre los sectores más vulnerables.

A cinco años vista, el riesgo más latente para la Justicia de la Ciudad es crecer más rápido que la propia capacidad de gestión. La respuesta institucional, en consecuencia, debe basarse en la planificación rigurosa, la información objetiva y el uso inteligente de los recursos para consolidar un servicio eficiente, cercano y plenamente respetuoso de las garantías constitucionales.