La historia criminal del kirchnerismo contra el bolsillo de los argentinos sumó un nuevo y lapidario capítulo judicial. Un tribunal de Washington le dio la estocada final al Estado argentino al confirmar que deberá pagar más de USD 390,9 millones a un fondo de inversión extranjero (Titan Consortium). El motivo no es otro que la brutal, arbitraria e ideológica estatización de Aerolíneas Argentinas llevada a cabo hace casi dos décadas durante la presidencia de Cristina Fernández.

 Los ciudadanos de bien, sumidos en la pobreza, continúan pagando los platos rotos de los desaguisados de una dirigente que hizo absolutamente todo mal y que hoy, condenada, acorralada y cumpliendo prisión domiciliaria por tener 70 años y por ladrona, todavía tiene el tupé de vanagloriarse de sus latrocinios en discursos patéticos. 

Para entender la dimensión de este saqueo hay que retrotraerse a finales de 2008. En plena crisis global y con un relato épico montado sobre la mentira, el kirchnerismo decidió avanzar de forma matufia contra el Grupo Marsans, el entonces propietario español de la aerolínea de bandera. Lejos de una negociación transparente, la maniobra fue una expropiación de facto disfrazada de "soberanía". Ahogaron financieramente a la compañía, intervinieron por decreto, la vaciaron y confiscaron los activos mediante una ley exprés aprobada por un Congreso obsecuente.

El resultado fue una pesadilla económica. Prometieron una gestión eficiente que terminaría siendo "para todos y todas", pero la convirtieron en un agujero negro fiscal sostenido con el esfuerzo de los contribuyentes. Ante semejante atropello, el caso escaló al CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial), donde el Estado acumuló derrotas sucesivas hasta llegar al actual laudo millonario ratificado en Estados Unidos, que habilita embargos de activos soberanos. 

El kirchnerismo ha sido, sin lugar a dudas, lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. No solo destruyeron el tejido social y la moneda, sino que heredaron una estela de juicios colosales. Mientras tanto, la principal responsable transita sus días en la comodidad de su hogar gracias a la prisión domiciliaria otorgada por su edad de 70 años, tras ser hallada culpable de ser una ladrona serial del Estado. Verla victimizarse es la prueba de una decadencia insondable: un país rehén de una casta que rompe todo y jamás se hace cargo de la miseria que provocó.