Lo ocurrido hoy en las calles de Buenos Aires no fue una protesta; fue una puesta en escena de la barbarie. Desde las adyacencias del Congreso hasta la Plaza de Mayo, pasando por la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, los argentinos asistimos a un despliegue de violencia desmedida que no admite excusas ni eufemismos. No se trató de una manifestación ciudadana, sino de una maquinaria de choque perfectamente aceitada, diseñada para sembrar el terror y subvertir el orden público.

Resulta esclarecedor recordar que el motivo invocado para esta jornada de desastre fue el rechazo a un artículo de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sobre todo la Ley de Tierras, Lo que los manifestantes omitieron deliberadamente es que dicho capítulo ya había sido retirado del proyecto por el Gobierno una tarde antes. Es decir, salieron a romper, a incendiar y a agredir a las fuerzas de seguridad por un motivo que ya no existía. ¿Alguien puede creer, ante semejante evidencia, que esto fue espontáneo? Claro que no. La marcha ya estaba armada; el objetivo nunca fue el diálogo ni la expresión democrática, sino ejercer la violencia donde fuera posible, como una táctica deliberada de desestabilización.

Este es, lamentablemente, el modus operandi permanente de los sectores del troskismo, al que se suma, con una voracidad destructiva, el kirchnerismo. Es la misma lógica que vimos durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las “40 toneladas de piedras” se convirtieron en el símbolo de una oposición que no tolera la alternancia. La lección es clara: para el kirchnerismo y sus aliados, la democracia es un traje que solo les queda bien cuando ellos están en el poder. Cuando les toca ser oposición, su verdadera naturaleza aflora: la incapacidad absoluta de dejar gobernar.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre: al peronismo, en su variante kirchnerista, no le gusta la democracia. Nunca le gustó. Históricamente, siempre han mostrado un desdén profundo por las reglas de juego institucionales. Ahora, a ese rechazo estructural se suman los energúmenos que, amparados en el fanatismo, creen que la legitimidad de sus reclamos se mide por la cantidad de veredas que pueden destruir o la cantidad de uniformados que pueden herir.

Lo de hoy no es un reclamo legítimo; es un acto de soberbia antidemocrática. Se valen de la calle como si fuera un territorio propio, avasallando el derecho a circular y la paz de los ciudadanos que sí trabajan y apuestan por la convivencia. La violencia es, para ellos, la única forma de existir políticamente porque han perdido la batalla de las ideas. Ante la falta de argumentos, responden con adoquines, fuego y caos.

El mensaje que le dejan a la sociedad es peligroso y cínico: si no se hace lo que nosotros queremos, el país debe arder. Ese es el sello distintivo de quienes no entienden el significado de la libertad, ni la responsabilidad que conlleva vivir en un sistema republicano. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los argentinos observa, atónita y harta, cómo una minoría violenta secuestra nuestra paz, intentando, con métodos del pasado, doblegar la voluntad de un Gobierno elegido legítimamente. Es momento de que la justicia actúe con todo el peso de la ley, sin medias tintas, frente a quienes pretenden que la Argentina sea, una vez más, un rehén de su violencia.