Esta situación genera desabastecimiento y cortes forzados que paralizan la actividad en las fábricas, las empresas terminan asumiendo en solitario el impacto económico de una crisis que era evitable.

El invierno golpea con fuerza y, una vez más, la paradoja argentina queda al descubierto. Mientras el país se jacta de tener en Vaca Muerta una de las reservas de gas no convencional más grandes del planeta, las fábricas del interior se quedan a oscuras o tienen que parar sus máquinas. El problema no es la falta de recursos bajo tierra, sino la infraestructura para moverlos. La demora en la finalización de las obras clave de los gasoductos, como las plantas compresoras del Gasoducto Perito Moreno, obligó al Gobierno a salir de urgencia a comprar barcos de Gas Natural Licuado (GNL) y a importar desde Bolivia. Lo alarmante es el precio: en un mercado internacional convulsionado por el conflicto en Medio Oriente, el costo se disparó, y la factura llegó entera a las empresas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió las alarmas con un dato que refleja la gravedad de la situación: al menos una de cada dos industrias del país evalúa reducir o directamente frenar su actividad durante este mes. El motivo es simple, los números no cierran. Con un mercado interno recesivo y el consumo planchado, las empresas no tienen margen para absorber un insumo que multiplicó su valor de la noche a la mañana.

En el Norte Grande, la indignación es total. Los empresarios de Tucumán, Salta y Jujuy aseguran sentirse ciudadanos de segunda al comparar su realidad con la del AMBA, en el norte las industrias llegaron a abonar tarifas nueve veces más caras. Esta brecha asfixia a economías regionales clave que están en pleno pico de su campaña productiva, como la industria azucarera y la citrícola. En Tucumán, provincia que concentra más del 60% de la producción nacional de azúcar, las interrupciones del servicio ya afectaron a la mitad de las plantas, poniendo en serio riesgo la zafra de este año.

La tormenta perfecta se terminó de armar con el cambio de estrategia oficial. Sin billetera pública ni margen político para subsidiar la energía, el Gobierno Nacional decidió que el sector privado absorba la totalidad del sobrecosto del combustible importado. La prioridad de las distribuidoras es el consumo residencial para evitar que los hogares se queden sin calefacción, lo que deja a las fábricas en el último eslabón de la cadena de prioridades.

Las más perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las grandes compañías que tienen contratos directos de transporte con los gasoductos principales, las pymes se abastecen de la misma red domiciliaria. Cuando el termómetro baja, se les corta el suministro de manera inmediata. Según reportes del sector la construcción, cerámicas y ladrilleras están trabajando a turnos reducidos o apagando hornos por horas, no por falta de pedidos, sino porque producir a estos costos es ir a pérdida. La UIA propuso formalmente al Ministerio de Economía que el millonario sobrecosto de la importación se prorratee entre toda la demanda del sistema y no caiga exclusivamente sobre las espaldas del sector productivo. La respuesta oficial fue tajante: el Estado no intervendrá y los privados deben negociar sus propias condiciones comerciales con los proveedores. En un escenario de recesión y costos dolarizados, el invierno expone la urgencia de terminar las obras de transporte si se quiere transformar el potencial de Vaca Muerta en una realidad competitiva para el trabajo argentino.