La clave será equilibrar la necesidad de liquidez empresarial sin disparar la morosidad ni desproteger al sistema financiero. El Gobierno analiza utilizar dólares de ahorristas para reactivar la actividad. El Banco Central evalúa flexibilizar las normativas vigentes desde 2001 para liberar 7.000 millones de dólares inmovilizados. El objetivo es inyectar crédito para impulsar la economía frente a una recuperación muy dispar del mercado. Sin embargo, los especialistas advierten sobre los serios riesgos de exponer a empresas locales a descalces cambiarios.

Frente a una economía que exhibe señales de recuperación asimétricas, el Gobierno evalúa una decisión fundamental: permitir que los bancos presten dólares de los ahorristas a empresas no exportadoras. La iniciativa apunta a movilizar 7.000 millones de dólares que hoy permanecen ociosos como encajes en las entidades financieras. Esta cifra equivale a casi el 17 por ciento del total de depósitos en moneda extranjera.

Desde el año 2002, como salvaguarda tras la crisis, la normativa prohíbe prestar estos fondos a compañías con ingresos en pesos. El fin de esta regla es impedir el descalce cambiario; es decir, que un deudor asuma obligaciones en dólares mientras su caja recauda pesos, lo que comprometería sus pagos ante una devaluación repentina de la moneda local. Sin embargo, desde el Banco Central advierten que esta restricción, aunque prudente, consolidó un sistema financiero demasiado reducido para traccionar el crecimiento.

La alternativa bajo estudio propone otorgar financiamiento en dólares a empresas que facturan en pesos, siempre que pertenezcan a la cadena de valor de firmas exportadoras. Para los bancos, la medida resulta muy favorable. Durante el mes de julio, el crédito en pesos se contrajo un 2,8 por ciento mensual en términos reales. Por el contrario, los préstamos en moneda extranjera avanzaron un 5,3 por ciento. Liberar estos recursos inmovilizados permitiría a las entidades expandir sus operaciones y mejorar su rentabilidad, al tiempo que aumentaría la disponibilidad de divisas en la plaza financiera.

No obstante, la decisión acarrea importantes riesgos estructurales. Si se flexibilizan los requisitos, el nivel de endeudamiento corporativo en dólares crecería rápidamente. En caso de producirse un ajuste en el tipo de cambio, las empresas endeudadas verían multiplicados sus pasivos frente a ingresos estancados. Esto impactaría de lleno en la morosidad comercial, perjudicando los balances de las propias entidades que otorgaron los créditos. Además, cabe recordar que el Banco Central no opera como prestamista de última instancia en moneda extranjera, dejando al sistema expuesto sin un respaldo directo.

Esta urgencia oficial por reactivar el crédito responde a un escenario fiscal tenso, la fuerte caída de los ingresos fiscales, cercana al 60 por ciento real, obedece al freno en rubros como la industria y el comercio. Hasta ahora, el superávit se sostuvo mediante drásticos ajustes: durante el primer semestre, el gasto de capital se desplomó un 85 por ciento y los subsidios cayeron un 61 por ciento. Ante este límite, habilitar el uso de estos depósitos bancarios se presenta como una jugada audaz pero necesaria para estimular la economía, asumiendo un riesgo evidente en busca de lograr un siempre delicado equilibrio macroeconómico y financiero nacional.