La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo que sucedió a la AFIP— ha dado un golpe de gracia: bajo la conducción de Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal que coloca a Claudio "Chiqui" Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, en el centro de una presunta asociación ilícita fiscal.

La investigación, que recae sobre el juzgado penal económico a cargo del juez Diego Amarante, detalla un mecanismo de presunta defraudación que excede la simple mora impositiva. Según la presentación de ARCA, la conducción de la AFA habría montado una estructura organizada para la utilización sistemática de facturación apócrifa. El objetivo de este entramado sería doble: por un lado, ocultar el destino real de millonarias sumas de dinero y, por el otro, evadir impuestos por un monto que, en esta etapa preliminar, se estima cercano a los $300 millones.

Lo que la justicia intenta determinar es si estas "facturas truchas" fueron el vehículo para drenar fondos de la entidad hacia bolsillos particulares o para financiar gastos que no pueden ser declarados legalmente. Para los investigadores, no se trata de errores contables aislados, sino de un plan orquestado por una cúpula que operó con permanencia en el tiempo, configuración básica del delito de asociación ilícita.

Este nuevo frente judicial no nace en el vacío. Se acopla a una causa previa donde el juez Amarante ya investigaba a la AFA por la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. En aquel expediente, el monto bajo la lupa es sideral: aproximadamente $19.000 millones. La sospecha es que la entidad retuvo aportes de sus empleados y de los clubes, pero nunca los transfirió al Estado, utilizando ese capital como una suerte de "financiamiento espurio".

La gravedad de la nueva presentación de ARCA radica en que eleva la calificación legal. Ya no se habla solo de una deuda o una omisión, sino de una estructura criminal destinada a delinquir. Al introducir la figura de asociación ilícita, el Gobierno busca demostrar que en la sede de Viamonte funciona una organización jerárquica cuyo fin primordial era la ingeniería contable para la evasión.

Desde el entorno de Tapia, la estrategia ha sido denunciar una "persecución política" vinculada a la resistencia de la AFA de abrirse a capitales privados. Sin embargo, las pruebas aportadas por ARCA —que incluyen peritajes sobre proveedores inexistentes y entrecruzamiento de movimientos bancarios— han obligado a la justicia a ordenar nuevos requerimientos de información y pericias contables exhaustivas.

Para el Gobierno de Javier Milei, esta causa es la punta de lanza para intervenir en la transparencia de una de las instituciones más opacas del país. Mientras tanto, para Tapia y Toviggino, el panorama se ensombrece: la asociación ilícita es un delito que no solo conlleva penas de prisión efectiva, sino que también inhabilita para el ejercicio de cargos directivos.

El fútbol argentino enfrenta hoy su partido más difícil. Ya no se juega en el césped, sino en los despachos del fuero penal económico, donde las facturas y los balances parecen pesar mucho más que cualquier trofeo en la vitrina.