En el movedizo barro de la política criolla, la brújula del PRO sigue tan perfectamente calibrada como siempre. En un gesto de vocación republicana, la legisladora Laura Alonso ha salido al ruedo a recordarnos que la transparencia no es negociable, especialmente cuando las sospechas de corrupción salpican al vecino de la bancada de al lado. Con la elegancia de quien jamás ha visto una mancha en su propio legajo partidario, Alonso le exigió explicaciones públicas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo horizonte judicial parece estar adquiriendo un molesto tono gris tormenta justo antes del inicio de la feria judicial de invierno.

Y es que el juez federal Ariel Lijo, en una de esas raras muestras de velocidad tribunalicia, investiga si el vocero estrella y actual ministro coordinador de la Nación sucumbió a los encantos de la generosidad privada. El menú del expediente es variado y verdaderamente suculento: presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y unos contratos tan llamativos como oportunos en la TV Pública con la productora Imhouse, propiedad de su entrañable amigo Marcelo Grandio. Al parecer, la amistad en tiempos de motosierra estatal se mide en millas aéreas. Adorni juró y perjuró que el idílico vuelo familiar a Punta del Este para el fin de semana largo de Carnaval fue costeado con el sudor de su propio bolsillo. Sin embargo, un molesto intermediario aeronáutico declaró bajo juramento que los pasajes en avión privado fueron reservados, pagados y facturados directamente a nombre de la productora de su amigo por un monto que roza los 3000 dólares. Detalles contables, dirían algunos; una imperdonable falta de coordinación discursiva, dirían otros.

Pero la generosidad de los amigos no termina en las nubes. La Justicia también estira la lupa sobre una coqueta propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el funcionario parece haber descubierto que la inflación no afecta a las remodelaciones de lujo. Unos 120.000$ dólares de escritura y otros 245.000 dólares en refacciones integrales y mobiliario refinado, muchos de ellos sin la molesta formalidad de una factura comercial, configuran un patrimonio que a los investigadores les cuesta encastrar en el austero recibo de sueldo de la administración pública. Por si fuera poco, para evitar que la inseguridad perturbe el descanso del guerrero de la comunicación, efectivos de la Gendarmería Nacional se habrían encargado de custodiar el country, un toque de distinción que la Justicia sospecha podría configurar el vulgar delito de peculado por desvío de recursos estatales.

Ante semejante panorama, la reacción del PRO fue inmediata y  Laura Alonso, con la autoridad que le confiere haber custodiado la ética pública en años anteriores advirtió que la gestión de La Libertad Avanza debe continuar “sin sobresaltos”. No es una cuestión de oportunismo político, por supuesto, sino de pura higiene institucional y amor por las formas. El PRO advierte por la transparencia para salvar al Gobierno de sus propias internas, esas donde Karina Milei y Santiago Caputo juegan a las escondidas de poder mientras el kirchnerismo, agazapado, espera el menor pestañeo para debilitar el cambio. Qué tranquilidad genera saber que, ante el menor viento de corrupción ajena, el PRO siempre estará allí, listo para alzar la bandera de la República y exigir que los demás expliquen lo que a veces resulta simplemente inexplicable.