El tablero de la Justicia federal se encuentra en plena reconfiguración bajo la gestión de La Libertad Avanza. Con la mira puesta en tribunales clave, el Gobierno nacional aceleró el envío de pliegos al Senado mientras surgen interrogantes sobre los criterios de selección y continuidad de los magistrados. En este escenario, la figura del ministro de Justicia adquiere una relevancia inédita, operando en paralelo con las negociaciones políticas provinciales.

Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno al límite constitucional de edad para ejercer la magistratura. Mientras que el juez Carlos Mahiques recibió luz verde para continuar en su cargo después de cumplir 75 años, el reconocido camarista federal Martín Irurzun se encuentra en una situación opuesta. Irurzun, quien investiga delitos de alta complejidad y corrupción, también alcanzó la edad límite y solicitó al Senado la prórroga de su mandato. Sin embargo, su pliego aún no fue tratado por el Ministerio de Justicia. Fuentes judiciales señalan que esta demora respondería a presiones del oficialismo para que se anule una causa sensible relacionada con el ex titular de la ANDIS, Spagnuolo.

Por otro lado, el caso de Matilde Ballerini, magistrada de la Justicia comercial, marca otro contraste. A pesar de haber llegado a los 75 años, el oficialismo decidió enviar su pliego al Senado para que pueda extender su carrera, en medio de versiones que vinculan el respaldo con sus conexiones políticas.

La Cámara Federal de Comodoro Py también experimenta movimientos decisivos. Leopoldo Bruglia, quien había llegado al tribunal mediante un traslado por decreto, dejará su cargo tras el fallo de la Corte Suprema que exige concursos formales. Para cubrir esta vacante, el Gobierno impulsa al juez Pablo Yadarola, cercano al ministro de Justicia, quien escaló posiciones en el concurso tras quedar rezagado en la evaluación inicial. En contraste, el camarista Pablo Bertuzzi logró mejorar su puntaje tras una entrevista personal y cuenta con chances de continuar en el tribunal.

Estos cambios ocurren en un contexto donde el oficialismo busca cerrar o suspender causas sensibles que involucran a funcionarios del Gobierno, como la investigación sobre la criptomoneda Libra y las irregularidades en la ANDIS.

El plan de rediseño judicial no se limita a Comodoro Py. En las provincias, el Gobierno negocia con mandatarios aliados del peronismo la postulación de magistrados, solicitando que los candidatos resulten "potables" para garantizar consensos en el Congreso. Además, se proyecta una reducción de cargos en la Cámara de Casación Penal y en los juzgados federales de primera instancia. A esto se suma la intención oficial de reformar la ley que regula el cargo de Procurador General de la Nación, limitando su duración, un puesto al que aspira el propio ministro de Justicia.

Con más de cien pliegos ya enviados a la Cámara Alta y la expectativa por los futuros candidatos a juzgados electorales, el oficialismo consolida su influencia sobre los tribunales, marcando un hito en la historia reciente del Poder Judicial.