El purismo de las ideas de la libertad suele toparse con un enemigo letal: la libreta de almacenero de la política tradicional. En la Casa Rosada descubrieron que el combate contra los privilegios corporativos de la "casta" tiene una excepción fundamental: la necesidad de colonizar los tribunales federales, un deporte nacional que el actual oficialismo practica con el entusiasmo de un converso. La última refriega en el Senado expone esta miseria institucional con la precisión de un bisturí.

El miércoles 27 de mayo, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta una solicitud formal para retirar el pliego de María Verónica Michelli, postulada para el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata. Michelli arrastra un pecado imperdonable para las fuerzas del cielo: una carrera judicial de 32 años interrumpida no por falta de idoneidad, sino por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon. El periodista de La Nación ha osado investigar temas espinosos para la administración libertaria, como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, los flujos patrimoniales del jefe de Gabinete Manuel Adorni y los históricos lazos de José Luis Espert con el financista detenido Fred Machado.

La orden de tachar el nombre de Michelli emanó directamente del despacho de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue refrendada sin un solo argumento jurídico en la nota que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El mensaje de disciplinamiento es tan transparente que el propio Alconada Mon debió salir a confirmarlo de forma pública. En el universo oficial, el mérito y los concursos del Consejo de la Magistratura se rinden ante la portación de apellido.

Sin embargo, el verdadero giro de comedia lo aportaron los hasta ahora dóciles aliados parlamentarios del Gobierno. Martín Goerling Lara, jefe de la bancada del PRO en el Senado, plantó bandera de manera imprevista: "Yo firmé el dictamen y lo voy a sostener. Vamos a defender la división de poderes". Sosteniendo así el valor republicano de la independencia judicial justo cuando la Casa Rosada decidió vetar de forma unilateral a una candidata que ya reunía las nueve firmas necesarias dentro de los 17 miembros de la Comisión de Acuerdos. El senador libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de dicha comisión, intentó cajonear el dictamen, pero la insurrección aliada ya era un hecho.

Esta defensa de las formas institucionales por parte del PRO no es gratuita. Ocurre al mismo tiempo en que el oficialismo flexibilizó su rigor ideológico para destrabar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, destinados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ambos magistrados cargaban con el veto inicial de la Casa Rosada por sus aceitados vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el enemigo público número uno del proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Bastó una serie de discretas reuniones en los pasillos del Ministerio de Seguridad, bajo el ala de Patricia Bullrich, para que los pliegos de los hombres de la AFA se volvieran potables.

El trueque de favores en el tablero de las más de 70 vacantes judiciales que el Senado debe cubrir demuestra que el pragmatismo de trastienda sigue intacto. La epopeya anticasta concluye allí donde comienzan las necesidades de impunidad y el reparto de juzgados clave. Al final del día, los principios libertarios son perfectamente negociables; la tranquilidad de la familia presidencial ante los cuadernos del periodismo de investigación, no.