Acreditado con un extenso recorrido académico y un histórico arraigo en la UCR, el especialista en Derecho Administrativo, Alberto “Nacho” Biglieri, dialogó con El Republicano sobre su presentación como candidato a representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Junto a la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, propone una mirada federal, mayor transparencia en los concursos, seguimiento de las vacantes, responsabilidad en el funcionamiento de los tribunales y una modernización que incluya la tecnología y la inteligencia artificial.

—La Lista 3 está integrada por candidatos y candidatas de distintos puntos del país. ¿Cómo piensan traducir ese carácter federal en decisiones concretas dentro del Consejo, especialmente en materia de recursos, infraestructura y funcionamiento de la Justicia Federal?

—Estoy muy contento con la lista que armamos. Es un equipo federal, con candidatos y candidatas de distintas provincias, trayectorias y experiencias, y con el acompañamiento de colegas y referentes de todo el país.

Las recorridas por colegios y ciudades son parte de nuestra manera de trabajar: escuchar a los abogados de a pie, entender qué necesitan y llevar esas experiencias a las decisiones.

Por eso vamos a mantener un vínculo permanente con los colegios y las instituciones de la abogacía de toda la Argentina, para que cuando se discutan prioridades, recursos o mejoras en la Justicia Federal, cada jurisdicción tenga voz y sus necesidades concretas estén sobre la mesa.

También proponemos contar con información e indicadores claros sobre el funcionamiento de los tribunales, para definir prioridades con criterios objetivos y rendir cuentas sobre esas decisiones.

Ese es el federalismo que queremos representar: un equipo que conoce el territorio, escucha a los colegas y lleva esas realidades al lugar donde se toman las decisiones.

—Una vez que el Consejo aprueba una terna, ¿qué van a hacer para que las vacantes se cubran en tiempos razonables y el proceso tenga un seguimiento efectivo?

—Para nosotros hay dos cosas centrales: mérito y control. Primero, queremos concursos con reglas claras, donde se respete el orden de mérito y la idoneidad, sin discrecionalidad que termine desvirtuando el proceso.

Y después, seguimiento. Una terna que sale del Consejo tiene que poder seguirse, conocerse y explicarse. Vamos a hacer públicas nuestras posiciones, nuestros votos y el estado de los procesos, para que la abogacía sepa dónde está cada vacante y dónde aparecen las demoras.

Porque una vacante que se prolonga impacta en los tribunales, en los tiempos de las causas y en el trabajo cotidiano de los abogados.

El control también es saber qué pasa, quién tiene que decidir y exigir que cada etapa avance y sea transparente.

—Cuando un tribunal deja pasar meses o años sin tomar decisiones importantes, el impacto sobre las personas puede ser enorme. ¿Qué van a hacer desde el Consejo frente a esas situaciones de demora o inacción?

—Tengo una posición muy clara en este tema. La independencia de un juez también exige responsabilidad en el ejercicio de su función. Independencia y rendición de cuentas son dos caras de la misma obligación institucional.

Cuando existen demoras injustificadas o incumplimientos, el Consejo tiene herramientas y hay que hacerlas funcionar.

Vamos a impulsar procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables, y también mecanismos de evaluación que permitan conocer cómo están funcionando los tribunales y detectar dónde aparecen los problemas para que no se repitan.

Un expediente puede ser un número para una oficina, pero para quien espera una decisión, muchas veces es su vida.

—¿Qué cambios van a impulsar para que la selección y formación de magistrados garantice mayor rigor, equilibrio y respeto por las garantías?

—Para los abogados esto es central porque muchas veces somos quienes tenemos que explicar una decisión judicial difícil de entender o sostener un expediente donde las garantías parecen correrse de lugar.

Queremos jueces que decidan con equilibrio, que valoren bien la prueba y que respeten el debido proceso. Eso se trabaja desde la selección y también desde la formación. Por eso proponemos una formación judicial abierta, plural y con participación de las instituciones de la abogacía.

Cuando las reglas son claras y las garantías se respetan, el abogado puede ejercer mejor y el ciudadano queda más protegido.

—¿Qué cambios van a impulsar en los concursos para que la selección de jueces valore mejor la capacidad de gestión, el criterio y la experiencia profesional?

—Para los abogados esto es fundamental, debido a que somos después quienes trabajamos todos los días frente a esos jueces.

Queremos concursos que miren mucho más que un examen teórico. La experiencia profesional, la capacidad de decidir, el criterio y la forma de gestionar un tribunal también tienen que pesar. En los compromisos que firmamos proponemos equiparar la experiencia del abogado independiente con la del funcionario judicial y reducir los márgenes de discrecionalidad en los concursos.

Un buen juez tiene que conocer el derecho, pero también saber aplicarlo, conducir un tribunal y entender la realidad de quienes llegan a la Justicia.

—El funcionamiento de los sistemas digitales impacta directamente en el trabajo cotidiano de los abogados. ¿Qué van a impulsar desde el Consejo para mejorar esa situación?

—Este es un tema que venimos trabajando hace tiempo porque la profesión está cambiando y la Justicia tiene que acompañar esa transformación. La tecnología tiene que servir para trabajar mejor, reducir tiempos, simplificar trámites y dar respuestas más rápidas.

También vamos a impulsar mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas de gestión, con herramientas estables, transparentes y pensadas para quienes las usan todos los días. Es uno de los temas que más nos plantean los colegas y uno de los compromisos que quiero seguir especialmente, porque afecta de manera directa el ejercicio cotidiano de la profesión.

Y con la inteligencia artificial tenemos la misma mirada. Hay que incorporarla con capacitación, reglas claras y supervisión humana, para aprovechar su potencial sin perder responsabilidad ni criterio profesional.

La modernización tiene sentido cuando le hace más fácil el trabajo al abogado y mejora el funcionamiento de la Justicia.

—¿Cómo van a mantener el vínculo con los abogados y garantizar que esa representación siga conectada con las necesidades de la profesión?

—Nuestra forma de trabajar va a seguir siendo la misma que hasta ahora, codo a codo con los abogados de todo el país, conversando con los colegios, recorriendo y escuchando qué está pasando en cada lugar.

Cuando asumamos esa responsabilidad, vamos a llevar al Consejo las necesidades que venimos recogiendo y a trabajar incansablemente para que tengan una respuesta concreta. Estoy convencido de que esa es la mejor manera de representar a la abogacía, con presencia, escucha y seguimiento permanente.

Eso es lo que expresa nuestra lista, que es la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía. Nuestro lema también marca la responsabilidad que ocupamos ante los colegas: abogados que defienden a la abogacía.