Una delegación del Poder Judicial porteño participó en el Vaticano de la cumbre sobre litigancia climática. El encuentro se desarrolló los días 6 y 7 de octubre en la Casina Pío IV de la Santa Sede.

 La actividad fue convocada por el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, creado por el papa Francisco. Jueces y especialistas internacionales advirtieron que la emergencia ambiental es una amenaza existencial. Afirmaron que la crisis climática ya no es solo política, sino un problema central de derechos humanos. Al cierre de las jornadas, los participantes firmaron una declaración conjunta sobre justicia ambiental.

 La representación de la Ciudad estuvo encabezada por el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente del COPAJU. Gallardo tuvo a su cargo la apertura del encuentro y apeló a la responsabilidad del Poder Judicial. Instó a sus colegas a centrar la labor en la justicia social y en la protección de los más vulnerables.

 También integró la comitiva Genoveva Ferrero, secretaria del Poder Judicial de la Ciudad. Ferrero expuso sobre el impacto directo del cambio climático en las personas con discapacidad. Señaló que la falta de accesibilidad multiplica los riesgos durante catástrofes e inundaciones. 

Exigió incluir a este colectivo de forma activa en el diseño de las políticas públicas ambientales. Por su parte, el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno abordó los efectos de la crisis en las infancias. 

El consejero Horacio Corti analizó el rol de los presupuestos en los planes de mitigación ambiental. La delegación porteña contó además con la presencia de la diputada y consejera Vanesa Siley. El evento reunió a titulares de cortes supremas de Colombia, Paraguay, Costa Rica y Portugal. También asistió el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar.

 La coordinación científica estuvo a cargo del titular del Superior Tribunal de Brasil, Antonio Benjamin. Los magistrados remarcaron que el rol judicial no busca reemplazar a los poderes ejecutivos. Precisaron que la labor de los jueces debe garantizar que las omisiones estatales no violen derechos.