Durante años, la estrategia de la familia Kirchner consistió en fragmentar expedientes, dilapidar el tiempo procesal y parapetarse tras las estructuras del poder estatal para eludir el accionar de la justicia. Sin embargo, el laberinto defensivo diseñado para proteger la red de negocios familiares acaba de sufrir un golpe demoledor. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de unificar los expedientes de Hotesur y Los Sauces desmonta la maniobra de división y acorrala de manera definitiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

La unificación procesal extingue el ardid técnico que buscaba instalar el argumento de la "cosa juzgada" para hacer jugar eventuales fallos favorables de una causa en beneficio de la otra. Al consolidar ambas investigaciones bajo la órbita de un mismo tribunal, la Justicia valida de forma contundente la hipótesis fiscal: Hotesur y Los Sauces no eran emprendimientos comerciales autónomos ni negocios de hotelería e inmobiliarios legítimos, sino dos engranajes ensamblados dentro de un mismo y sistemático circuito de reciclaje de dinero ilícito procedente de la corrupción estatal.

La situación judicial de los involucrados es crítica. Cristina Kirchner, ya condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad y con el frente abierto del caso Cuadernos, enfrenta ahora la perspectiva cierta de acumular múltiples sentencias por delitos contra la administración pública. Por su parte, Máximo Kirchner, cuya firma aparece estampada en innumerables cheques y maniobras financieras de la inmobiliaria Los Sauces, se encamina a sentarse en el banquillo de los acusados en pleno escenario electoral, mientras intenta aferrarse a una banca parlamentaria para preservar sus fueros de detención.

El meollo de la imputación revela la matriz de retorno y desvío de fondos públicos. Empresarios predilectos del régimen K, como Lázaro Báez —condenado en la Ruta del Dinero K— y Cristóbal López, representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces, aportando sumas millonarias por el alquiler de propiedades a valores desproporcionados. En simultáneo, Báez, beneficiado con más de 50 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, actuó como financista de la compra de hoteles y administró los establecimientos a través de sociedades pantalla como Valle Mitre, pagando cánones desorbitantes mientras las habitaciones permanecían vacías o alojaban supuestamente a operarios ubicados a cientos de kilómetros de distancia.

Las pericias contables que alimentan la causa arrojan datos irrebatibles: más del 67% de los fondos analizados terminaron depositados directamente en las cuentas bancarias personales de la familia Kirchner. Asimismo, la documentación secuestrada expone un catálogo impúdico de irregularidades contables y societarias que van desde asambleas fraguadas hasta hojas tachadas y el uso burdo de líquido corrector para adulterar nombres en los libros accionarios.

Con la reunificación de estas causas, la ficción de los "negocios privados" se desmorona por completo. La Justicia tiene ahora en sus manos la radiografía completa del engranaje: los contratos dirigidos desde el Estado, el retorno camuflado mediante alquileres ficticios y la consolidación de un patrimonio familiar erigido a expensas de las arcas públicas.