La causa Vialidad sumó este jueves un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio de la familia Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, quienes buscaban frenar el avance del procedimiento de decomiso de bienes vinculados con el expediente por corrupción en la obra pública. 

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV. Los magistrados consideraron que las presentaciones eran formalmente inadmisibles, ya que la decisión cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni impedía que el proceso continuara. También señalaron que la defensa no había demostrado un perjuicio actual que justificara habilitar esa instancia de revisión

El objetivo del planteo de los hijos de la expresidenta era suspender la ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una presentación pendiente relacionada con el decomiso. Con el rechazo de Casación, el procedimiento puede seguir adelante, aunque todavía quedan cuestiones judiciales por resolver antes de que se concrete la venta de los bienes.

La cifra involucrada explica la dimensión del expediente: el monto actualizado del decomiso asciende a $684.990.350.139,86, es decir, casi $685.000 millones. Se trata de la suma que la Justicia busca recuperar a partir de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad

Entre los activos alcanzados por las medidas figuran propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, además de bienes relacionados con sociedades como Hotesur y Los Sauces. Parte de los inmuebles incorporados al procedimiento se encuentra en El Calafate, donde la familia posee propiedades y participaciones vinculadas con emprendimientos turísticos. 

Hay una precisión importante: Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el juicio principal de Vialidad. Sin embargo, sus bienes quedaron comprendidos en el proceso patrimonial dispuesto para ejecutar el decomiso. Sus defensas cuestionan ese alcance y buscan que se revisen las medidas adoptadas.

La decisión de Casación no significa que todos los bienes vayan a rematarse de inmediato. El procedimiento continuará en el Tribunal Oral Federal N.º 2, mientras sigue pendiente la intervención de la Corte Suprema sobre el planteo vinculado con el decomisoEl fallo representa un revés para la estrategia judicial de los hijos de la expresidenta, que pretendían detener el avance de las actuaciones. Para el Estado, el desafío es lograr que la ejecución patrimonial permita recuperar el dinero establecido en la condena, respetando las garantías procesales de todas las partes.

La causa Vialidad vuelve así al centro de la escena, esta vez por las consecuencias económicas de la sentencia. Mientras la Justicia avanza con los trámites necesarios, el desenlace de la disputa patrimonial todavía depende de las próximas decisiones judiciales.