En una Argentina que conoce demasiado bien los horrores de la censura, la persecución y el silencio impuesto, pedir castigos judiciales para periodistas es mucho más que una provocación: es un disparate peligroso. El poder puede desmentir, explicar y discutir; lo que no puede pretender es decidir qué se puede publicar y qué debe ser castigado.

Luis Caputo parece haber descubierto una curiosa contradicción dentro del Gobierno: mientras defiende la libertad absoluta para los mercados y reclama que el Estado se corra de la economía, pretende que ese mismo Estado encuentre la manera de disciplinar a quienes publican información que incomoda al poder.

El ministro de Economía reaccionó con una dureza inédita contra una nota periodística que cuestionaba determinados controles sobre los surtidores de combustibles y mencionaba a un empresario que, según afirmó, no conoce. Hasta ahí, nada extraordinario. Una noticia puede estar equivocada, incompleta o falsa. Y frente a eso existen herramientas democráticas elementales: aclarar, desmentir, aportar documentación, explicar los datos y discutir públicamente.

Pero Caputo eligió otro camino.

En lugar de limitarse a refutar la información, habló de un supuesto "derecho adquirido a mentir" por parte de los periodistas y planteó la necesidad de recurrir a la Justicia para disciplinar esas conductas. La idea es tan grave como peligrosa: convertir a los jueces en una suerte de tribunal encargado de determinar qué periodista dijo la verdad, cuál se equivocó y cuál debería recibir una sanción.

No es una discusión menor sobre una nota periodística. Es el poder político sugiriendo que la respuesta frente a una publicación incómoda debería ser judicializar la palabra.

Y en la Argentina, esa frase debería encender todas las alarmas.

Un país que sufrió una dictadura, censura, persecución, desapariciones, prohibiciones y medios silenciados sabe perfectamente adónde puede conducir la pretensión de controlar lo que se dice. La libertad de expresión no existe para proteger solamente las opiniones agradables para el Gobierno de turno. Existe, precisamente, para garantizar que periodistas, ciudadanos y medios puedan cuestionar al poder, incluso cuando se equivocan.

El Gobierno tiene todo el derecho a sentirse agraviado por una noticia. Lo que no tiene es derecho a convertir ese enojo en una amenaza.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se compara esta postura con el discurso económico oficial. Para los mercados, libertad. Para las empresas, libertad. Para los precios, libertad. Para la prensa que incomoda, límites, advertencias y jueces.

La libertad parece tener una cotización diferente según quién la ejerza.

Y el problema no termina en Caputo. Desde el entorno presidencial celebraron la embestida contra los periodistas y volvieron a instalar la lógica de siempre: quien critica al Gobierno no merece una respuesta, sino un ataque.

Eso es precisamente lo que debería preocupar.

Porque una democracia puede soportar una mala nota, una información equivocada y hasta una mentira. Lo que no debería naturalizar es que un funcionario pretenda resolverlas desde el poder judicial.

Desmentir es democrático. Explicar también. Perseguir la palabra es otra cosa.

Y después de todo lo que vivió la Argentina, jugar con esa frontera no es valentía: es una irresponsabilidad enorme.